Crónica Castilla y León.

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"17 individuos bajo investigación por edificar en terrenos no urbanizables en Cigales, junto a otros tres imputados por estafas"

La Guardia Civil de Valladolid se encuentra llevando a cabo una investigación sobre 17 personas debido a un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Estas personas han realizado obras de construcción o edificación en suelo no urbanizable en la localidad de Cigales. Además, otras tres personas están siendo investigadas por un delito de estafa a los anteriores, utilizando el engaño para generar un error que les beneficie económicamente.

Según informaron fuentes del Instituto Armado, se tuvo conocimiento de numerosas obras de construcción en suelo rústico común (no urbanizable) en Cigales y de la subparcelación irregular de una parcela para usos incompatibles con el planeamiento urbanístico. La Guardia Civil verificó la existencia de múltiples obras en construcción, vallados, cimentaciones, casetas, depósitos de agua y fosas sépticas, así como varias viviendas en proceso de construcción.

Como parte de la investigación, se descubrió que una inmobiliaria de Valladolid había sido responsable de la publicidad y venta de estas parcelas. Por lo tanto, se llevaron a cabo diligencias policiales que fueron remitidas a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid, específicamente a la fiscalía delegada de Medio Ambiente y Urbanismo.

En mayo de 2023, se dictó un auto judicial que ordenó la paralización de todas las obras de urbanización y edificación en esta parcela, como medida cautelar solicitada por el Ministerio fiscal. Según un informe técnico, se determinó que el suelo de la parcela era de uso agrario, según la descripción recogida en el catastro.

La Guardia Civil consideró que tanto la inmobiliaria como el propietario de la parcela habían inflado el precio del metro cuadrado de las subparcelas constituidas de forma irregular en suelo rústico agrario. En algunos casos, esto representaba un aumento del valor del metro cuadrado entre un 700% y un 2000%, especulando con el valor del suelo y llevando a los compradores a creer que estaban adquiriendo suelo urbano.

Independientemente de estos hechos, las personas que han construido en sus parcelas o las han delimitado con vallados sin autorización administrativa podrían ser consideradas responsables de un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Este delito está tipificado en el artículo 319.2 del Código Penal y puede llevar a una pena de prisión de uno a tres años.