El próximo juicio en el Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid, programado para diciembre, se centra en un abogado y su clienta, quienes enfrentan acusaciones graves relacionadas con el uso indebido de documentos públicos. El letrado V.J.M.A. es acusado de falsificar un documento con el propósito de que su clienta, M.H.H.G., pudiera acceder a un subsidio por desempleo destinado a personas mayores de 52 años, a pesar de que la solicitud pertinente no se había presentado dentro del plazo establecido.

Ambos, el abogado y la clienta, están implicados en un delito de falsedad en documento público, que se suma a otra acusación de tentativa de defraudación de prestaciones del sistema de Seguridad Social. De acuerdo con informaciones legales, cada uno podría enfrentarse a una pena de prisión de hasta un año, además de una multa que asciende a 9.800 euros.

Según el fiscal del caso, la pareja se unió con el objetivo de asegurar que la mujer continuara recibiendo la ayuda por desempleo que, desde 2019, ya venía percibiendo. Sin embargo, la falta de un requisito necesario, que debía cumplirse en 2021, ocasionó la suspensión de dicha ayuda, ya que no se había aportado una copia del IRPF en el tiempo requerido.

La acusación sostiene que en este contexto, M.H.H.G. y su abogado, quien era responsable de gestionar electrónicamente las solicitudes, presentaron un recurso en noviembre de 2022 contra la denegación de la ayuda. En este recurso, utilizaron un documento alterado llamado "Justificación de presentación de registro electrónico", con el que intentaron demostrar que habían presentado la declaración del IRPF, cuando en realidad no lo habían hecho.

La defensa de M.H.H.G. ha solicitado su absolución y ha enfatizado que toda la responsabilidad recae en el abogado. La acusada alega que había acudido a su letrado para que le gestionara la renovación de su subsidio, algo que supuestamente él dejó de lado, incidiendo así en la situación adversa que enfrenta hoy.

En su relato, M.H.H.G. manifiesta que, al ver que el tiempo transcurría sin recibir la prestación, se volvió a comunicar con el abogado quien, según ella, le aseguró que todo estaba en orden y que había presentado la documentación requerida. Sin embargo, esta afirmación parece no ser cierta, según la acusación.

Confiando en la competencia de su representante legal, M.H.H.G. siguió las instrucciones que le proporcionó para presentar varios documentos y reclamaciones. En su defensa, se señala que, de haber tenido la menor sospecha de que el error pudiera haber sido causado por las acciones negligentes del abogado, habría reclamado por los daños que esto le acarreó, recordando que dejó de percibir 3.701 euros a los que tenía derecho legal.