VALLADOLID, 16 de octubre. En un reciente testimonio, el empresario Ricardo Fuster, conocido por su intento de desarrollar varios parques eólicos mediante su firma Canon Power, ha mencionado al entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, ya fallecido, como figura central en las intrigas que rodearon la aprobación de sus proyectos. Según Fuster, los responsables del Ente Regional de la Energía (EREN) insinuaron que Villanueva daba instrucciones para que los promotores incluyeran socios de Castilla y León para que sus iniciativas progresaran.

Esta declaración se produce durante el juicio que investiga la llamada 'trama eólica' en la Audiencia de Valladolid, donde varios empresarios han declarado haber enfrentado presuntos actos de extorsión por parte de Rafael Delgado, que ocupaba un cargo relevante en la Consejería de Economía, así como diversos funcionarios del EREN. Según el testimonio, el objetivo era forzar a los promotores a compartir el negocio eólico con socios locales para evitar que sus proyectos quedaran paralizados.

Fuster, al recordar sus interacciones con el EREN, expresó de forma sarcástica que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso empadronar a familiares, para cumplir con las exigencias del organismo, que le negó el progreso de sus parques por no considerarlo un empresario local.

A pesar de nunca haber conocido personalmente a Villanueva, Fuster aseguró que desde el EREN se le comentó que la aprobación de los parques eólicos estaba condicionada a la participación de socios locales. Como respuesta, se les sugirió la posibilidad de vender su proyecto a compañías como Collosa o Grupo Norte.

El empresario recordó que las condiciones ofrecidas por Grupo Norte le parecieron ridículas, lo que les llevó a levantarse de la mesa en plena negociación. Posteriormente, el EREN, a través de Ricardo González Mantero y Tomás Ciria, les orientó hacia Iberdrola, a la que finalmente vendieron por aproximadamente seis millones de euros, un precio que consideraron inferior al que podrían haber obtenido si sus proyectos hubieran estado más avanzados. Fuster concluyó su relato indicando que estaban cansados de un proceso interminable y decidieron desprenderse del asunto.

El exdirector de IDER, Manuel Fernández García, también expresó su frustración, señalando que, a pesar de que su empresa era de León, no pudo evitar que su negocio eólico se viera obstaculizado por la exigencia de incluir socios locales. De acuerdo con su testimonio, Rafael Delgado no consideró a su empresa suficientemente "local", lo que llevó a una serie de presiones y amenazas para integrar a empresas vallisoletanas como Collosa y posteriormente Iberdrola en su accionariado.

En su declaración, Fernández García resumió la situación que atravesaron entre 2003 y 2005. Afirmó que su única opción para avanzar era vender, a pesar de que cuatro de sus catorce proyectos ya contaban con la Declaración de Impacto Ambiental y tan solo esperaban la autorización administrativa, además de tener asegurada la evacuación a Red Eléctrica Española desde 2001.

Esto cambió con la llegada de un nuevo gobierno regional, que, a través de una decisión del 2 de abril de 2004, otorgó al viceconsejero de Economía el poder de autorizar los parques, algo que previamente estaba en manos de otros servicios. A partir de ese momento, los proyectos de IDER sufrieron una paralización notable, obligando a la empresa a mantener constantes contactos con el EREN y el propio viceconsejero.

Según Fernández García, sólo faltaba la firma del viceconsejero para la autorización del parque del Pico, pero esta no llegó. Relató cómo tuvo que llevar a cabo un esfuerzo considerable para intentar desbloquear la situación, hasta que en diciembre de 2004 se le notificó que la composición del accionariado de su empresa no era aceptable para Delgado, lo que impidió la autorización.

El exdirector de IDER recordó que en enero de 2005, González Mantero le comunicó que su empresa no era considerada suficientemente local y le sugirió abrir el accionariado a Collosa y luego a Iberdrola. Fernández García argumentó que la Junta estaba forzando de manera irregular la inclusión de socios locales, sin entender por qué preferían empresas que él consideraba menos "locales" que la suya, como Iberdrola, ACS, Endesa, entre otras.

La presión ejercida llevó a tensiones internas en IDER, lo que resultó en la venta de sus acciones a SINAE, actual EDP, una de las mayores empresas energéticas de Portugal. La oferta de venta del total de la empresa fue de 280 millones de euros, un precio que, según González Mantero, consideró excesivo, indicando que se necesitaba consultar la decisión a Valladolid.

Finalmente, se realizó la venta mediante lo que algunos describen como una gestión poco ortodoxa dentro de la Consejería de Economía, cerrándose la operación en 28,5 millones de euros. Este cierre fue acompañado de reclamos sobre la presión para incluir a socios locales y amenazas de dejar los proyectos sin evacuación, lo que llevó al fundador de IDER a acusar que la normativa fue ignorada y que debería haberse concedido la aprobación sin la discrecionalidad que se aplicó.