VALLADOLID 31 de diciembre. En un paso significativo para fortalecer la seguridad de los ciudadanos frente a los incendios, el Boletín Oficial de Castilla y León ha dado a conocer el reciente acuerdo que modifica la estructura laboral del operativo de prevención y extinción de incendios. Esta modificación permite que 837 puestos laborales se conviertan en empleos fijos, extendiendo su tiempo de servicio a lo largo de todo el año.

El Acuerdo 58/2025, que fue ratificado por la Junta de Castilla y León el 30 de diciembre, responde a una iniciativa de la Consejería de la Presidencia. Esta transformación afecta directamente a la relación de puestos de trabajo en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, proporcionando una respuesta adaptada a las necesidades locales en la gestión de incendios.

La reforma busca optimizar el rendimiento del operativo contra incendios, asegurando que los equipos se mantengan activos durante los 12 meses del año. Con esta medida, los 837 profesionales del área laboral fijo-discontinuo pasarán a ser personal fijo, lo que representa un avance hacia mayor estabilidad en el empleo público, una mejor planificación de campañas y un sistema más profesional en la lucha contra el fuego.

A partir del 1 de enero de 2026, todos los funcionarios que ocupen estos puestos tendrán su contrato garantizado. Las categorías de personal que se verán beneficiadas incluyen 217 Oficiales de Montes-Conductores Maquinistas de Autobomba, 217 Peones de Montes y Extinción, así como 403 Vigilantes de Incendios.

En cuanto a la distribución geográfica de los puestos, se encuentran 132 en Soria, 114 en León, 113 en Burgos, 110 en Zamora, 86 en Salamanca, 82 en Ávila, 80 en Segovia, 66 en Palencia y 54 en Valladolid. Cabe destacar que los Oficiales de Centro de Mando ya contaban con estabilidad laboral durante todo el año y, bajo este nuevo acuerdo, se añadirán 28 nuevos puestos para mejorar la coordinación del operativoe.

Conforme a lo destacado por fuentes de la Junta, esta iniciativa no solo se enfoca en la extinción de incendios, sino también en la prevención activa y el mantenimiento de infraestructuras que protegen contra estos siniestros, así como la vigilancia forestal y la restauración ambiental post-incendios. Estas funciones son cruciales para disminuir el riesgo de grandes catástrofes.

La implementación de este operativo permanente, afirman expertos de la Junta, reforzará la capacidad de anticipación y permitirá ofrecer respuestas profesionales y ágiles ante cualquier eventualidad que amenace a la población.

Esta modificación afectará, de manera significativa, a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente en toda la Comunidad, y se estima que suponga una inversión total de 14,1 millones de euros, acorde con las retribuciones actuales y considerando los incrementos salariales establecidos en el reciente Decreto-Ley 3/2025 del 18 de diciembre.