ZAMORA, 1 Nov.
Cayetana Álvarez de Toledo, miembro del congreso de los diputados del Grupo Popular en el Congreso, va a ir a juicio este miércoles, 2 de noviembre, por dirigirse a Pablo Iglesias en el año 2020 en sede parlamentaria como "hijo de un terrorista". Francisco Javier Iglesias, padre del en este momento exvicepresidente del Gobierno, decidió en su instante denunciar a la política del PP al estimar que había sido vulnerado su derecho al honor.
Iglesias padre demanda una indemnización de 18.000 euros por daños morales, una solicitud que defenderá en el Juzgado de Instrucción número 3 de Zamora, donde está pensado que se celebre el juicio contra Álvarez de Toledo. La acusada ahora apuntó en su instante que, "en frente de la demanda del padre del hijo", defendería su derecho "a decir la realidad".
Uno de los razonamientos esgrimidos por el demandante es que el ataque proferido por Álvarez de Toledo se efectuó desde el altavoz público que le ofrecía su cargo como representante del Partido Popular en el Congreso, y con el propósito de agredir a un contrincante político sin arreglar en que el perjudicado era un individuo anónima, sin más ni más interés mediático que el que le daba ser el padre del entonces líder de Unidas Podemos.
Precisamente, Iglesias hijo deseó proteger en su instante a su padre de la acusación efectuada por la gerente habitual: "Mi padre nunca fue culpado por terrorismo, sino más bien por repartir octavillas contra Franco. Por tanto, la justicia va a condenar a doña Cayetana y a todos y cada uno de los jefes de PP y VOX que afirmaron lo mismo", señaló en su cuenta de Twitter el entonces vicepresidente segundo del Gobierno tras el hecho en el Congreso.
Ahora, va a ser el juzgado el que decida si prospera la demanda de Francisco Javier Iglesias, en un desarrollo sobre el que el padre del exlíder de Podemos ha favorito no pronunciarse de manera pública hasta el día de hoy.
Hay que rememorar que, en 2019, Francisco Javier Iglesias ganó un juicio contra el en este momento eurodiputado de Vox, Hermann Terstch, que le había relacionado con el homicidio de un policía en 1973. El culpado fue obligado a abonar 15.000 euros y a llevar a cabo público el contenido de la condena en su cuenta de Twitter.
