En un nuevo episodio de tensión política en Castilla y León, la secretaria de Organización del PSOE de la región, Ana Sánchez, ha arremetido contra la Junta, acusándola de "hacer trampas" y de infringir su propia Ley de Blindaje de Servicios Públicos. Esta ley, según Sánchez, estipula la obligación de contar con médicos en los municipios más pequeños, algo que la Junta aparentemente no está cumpliendo.

Sánchez subraya la gravedad de la situación al afirmar que la Junta está pasando por alto esta normativa de manera "flagrantemente". Más grave aún, denuncia que en lugar de respetar el número de habitantes, están utilizando el criterio de las tarjetas sanitarias, lo que la dirigente socialista califica de un intento de manipulación. La ley establece que los municipios de 50 habitantes deben contar con un médico al menos un día a la semana, los de 100, dos días; los de 200, tres días y aquellos con más de 500 habitantes, deben tener atención médica diaria. Sin embargo, según las afirmaciones de Sánchez, esta disposición se está ignorando de manera alarmante.

La secretaria socialista ha hecho estas declaraciones en el contexto de una concentración que viven los residentes de la comarca de Tábara, quienes llevan tres años manifestándose cada sábado en defensa de la sanidad pública. Durante el acto, Sánchez no dudó en calificar la situación de sanitaria como insostenible, señalando que lo único que se está cumpliendo son las indicaciones que aparecen en los consultorios, que invitan a los pacientes a "volver otro día".

Defendiendo a los tabareses, Sánchez argumentó que su "inquebrantable defensa de una sanidad pública de calidad" los pone por encima de las autoridades sanitarias, que, a su juicio, están desconectadas de las realidades diarias de aquellos que viven en las zonas rurales. Criticó también el deterioro injustificado que ha sufrido la Atención Primaria en el área.

En su análisis, Sánchez abordó el problema de las listas de espera en el sistema de salud, que califica de "completamente desbocadas". A su juicio, estas listas continúan creciendo a pesar de que se han implementado políticas para desviar diagnósticos y cirugías hacia la sanidad privada, lo que está generando frustración entre los pacientes.

Con el fin de revertir esta situación, Sánchez propuso un fondo de 80 millones de euros destinado al área de sanidad y criticó la falta de voluntad política de la Junta para destinar recursos que aseguren una atención médica de calidad para todos los ciudadanos de Castilla y León.

La situación se complica aún más, según la socialista, ya que el presupuesto destinado a sanidad es cada vez más limitado y el actual gobierno se encuentra en una situación de minoría, lo que lo hace incapaz de aprobar los nuevos presupuestos para 2025. Esto, consideró, está imposibilitando la garantía de una sanidad digna para los castellanos y leoneses.

Finalmente, Sánchez denunció la carencia de un enfoque realista y proactivo por parte de la Consejería para abordar la cobertura de plazas de difícil acceso. Afirmó que el PSOE ha estado presentando soluciones concretas durante años, pero lamenta que hasta ahora no se hayan tomado las medidas necesarias para afrontar las crisis que afectan a muchas comunidades rurales.