VALLADOLID, 7 de noviembre.

Este jueves, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde a un significativo paquete de subvenciones directas que beneficiarían a los agentes económicos y sociales del Diálogo Social, cuyo monto total asciende a una considerable cifra de 3.959.860 euros.

Estas subvenciones, según informan fuentes oficiales de la Junta en un comunicado que ha sido recogido por Europa Press, tienen como objetivo cumplir con lo establecido en la Ley del Diálogo Social de Castilla y León. Su finalidad es contribuir a la financiación de los gastos que estos agentes enfrentan a raíz de su participación institucional, así como de las funciones que les son conferidas por la ley.

Los fondos proporcionados por la Junta están destinados a absorber una parte de los gastos que deben afrontar organizaciones reconocidas como CCOO, UGT y CEOE Castilla y León, en su labor de defensa de los derechos sociales. Estas acciones abarcan una variedad de iniciativas que incluyen la promoción sociolaboral y la capacitación profesional, entre otras actividades alineadas con sus objetivos prioritarios.

En términos de distribución, el apoyo económico asignado a los sindicatos CCOO y UGT es de 1.237.702 euros cada uno, mientras que la CEOE Castilla recibirá un importe mayor de 1.484.456 euros.

Se prevé que estas ayudas se destinen principalmente a cubrir gastos esenciales como salarios, cotizaciones, la provisión de servicios, asesoría jurídica, suministros y otros gastos corrientes que surgen en el marco de estas funciones, que son esenciales para la representación y defensa de sus intereses, los cuales están reconocidos tanto por la Constitución Española como por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

En este contexto, la Junta destaca que la Constitución Española reconoce a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales como actores importantes en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son inherentes.

A su vez, se hace hincapié en que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece como un principio fundamental de las políticas públicas de la Comunidad el impulso del diálogo social, considerado un elemento crucial para la cohesión social y el progreso económico. Este marco legal reconoce explícitamente la relevancia de los sindicatos y organizaciones empresariales como representantes legítimos de los intereses económicos y sociales de la región.