El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha hecho un anuncio contundente este martes al informar sobre la reactivación de movilizaciones por parte de la organización agraria, programadas para comenzar en febrero. Estas manifestaciones, que se llevaron a cabo a lo largo de 2024, están fundamentadas en dos problemáticas críticas: la rentabilidad insuficiente y la abrumadora burocracia que enfrenta el sector. Dujo ha señalado que las protestas se llevarán a cabo a diferentes niveles: provincial, autonómico, nacional y europeo, además de abordar específicamente el tema del lobo, si el Ministerio de Agricultura no rectifica su postura.
El mensaje de Dujo fue claro y firme al declarar que la organización volverá a movilizarse, incluso sacando tractores a las calles en 2025. Durante su evaluación del año 2024, destacó que la situación en Castilla y León ha cerrado en "negativo". Esta comunidad, que ostenta el orgullo de tener la agricultura más profesional y productiva de España, se encuentra en un "mal camino" debido a la reducción de hectáreas cultivadas, cabezas de ganado y explotaciones, todo ello resultado de la pérdida de rentabilidad asociada a elevados costes de producción.
Dujo hizo un análisis detallado de la producción agrícola en la región, señalando que para que una explotación en Castilla y León pueda obtener beneficios, necesita una producción mínima de 3.500 kilos por hectárea. Sin embargo, lamentó que esta cifra no se alcanza en la mayoría de las tierras de la comunidad, ni siquiera en los años más favorables. Recordó que el año agrícola 2024 superó la media de la última década, aunque esto no compensa los desastrosos resultados de los dos años anteriores, calificados como "catastróficos".
A medida que se desgranan las cifras, se evidencia un preocupante cambio en las prácticas agrícolas: Castilla y León ha reducido la superficie destinada al cultivo de cereal de secano, pasando de dos millones a un millón y medio de hectáreas, señal inequívoca de que "España importa más cereal del que produce". Esta reducción es un reflejo de la creciente crisis en el campo y de la dependencia alimentaria del país respecto a las importaciones extranjeras.
En términos de ganado, Dujo también proporcionó cifras alarmantes: en Castilla y León hay 1,4 millones de cabezas de vacuno, lo que representa una disminución de 100.000 en comparación con el año anterior; en el sector ovino, la cifra es de 2,15 millones, con una caída de 142.000, mientras que el caprino presenta 135.000 cabezas, 5.000 menos. En porcino, la situación es igualmente crítica, con 4,35 millones de cabezas, 80.000 menos; la producción total de carne ha alcanzado las 718.000 toneladas, lo que equivale a una reducción de 52.000 toneladas.
Dujo lamentó, además, que en el ámbito vitivinícola se esté comenzando a hablar de arrancar cepas, un hecho que ilustra la gravedad de la situación económica que enfrentan las explotaciones, muchas de las cuales están concluyendo con rentabilidades que rondan "cero o pérdidas". Este aspecto de "altísimos costes de producción" se ha convertido en una de las "batallas" principales de Asaja de cara a 2025, junto con la oposición a "exigencias imposibles de cumplir" que vienen impuestas, a menudo, desde la Unión Europea y administraciones locales.
Asaja se ha propuesto trabajar para una Política Agrícola Común (PAC) que sea "más profesional, productiva y libre", al tiempo que se enfrentará al acuerdo UE-Mercosur, el cual consideran perjudicial para los intereses nacionales. La organización tiene como objetivo revertir la actual tendencia negativa y busca que Castilla y León regrese a un estado de balance productivo positivo, a través de obtener mejores precios y reducir costes de producción.
Finalmente, en una crítica directa a las acciones del Ministerio de Agricultura, Dujo no dudó en calificar al ministro, Luis Planas, como "mentiroso", afirmando que sus declaraciones de apoyo a los productos nacionales no se han visto respaldadas por acciones concretas, especialmente después de su respaldo al acuerdo UE-Mercosur, que pone en entredicho la soberanía alimentaria del país.
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