VALLADOLID, 12 de diciembre. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y actual vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, ha manifestado que se recurrirá el "reparto opaco y tramposo" de los fondos que el Gobierno ha asignado a un nuevo modelo de atención a la ciudadanía, el cual será implementado en 2025 y que, lamentablemente, deja fuera a la comunidad de Castilla y León.

Las declaraciones de la funcionaria castellano-leonesa llegan como respuesta a un informe difundido por Europa Press, donde se señala que el Ministerio de Derechos Sociales y el gobierno de doce comunidades autónomas destinarán más de 2.000 millones de euros a la "Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad", la cual busca un proceso de desinstitucionalización y fue aprobada recientemente en el Consejo de Ministros.

“Hoy mismo hemos enviado una carta al Ministerio exigiendo aclaraciones sobre este asunto; queremos saber qué significa esta decisión, por qué no hemos sido informados sobre los fondos, los criterios utilizados y los métodos de reparto. Asimismo, cabe destacar que no ha habido una Conferencia Sectorial al respecto. El gobierno actúa, como siempre, con tácticas engañosas y opacidad”, denunció Blanco.

Durante su intervención, la consejera subrayó que Castilla y León es un "referente en desinstitucionalización". “Históricamente, hemos sido reconocidos desde la concesión de los fondos europeos. La Unión Europea nos ha solicitado información en numerosas ocasiones y, de hecho, hemos sido mencionados en sus recomendaciones. Hemos estado trabajando activamente en la estrategia de desinstitucionalización promovida por el Ministerio, y nuestros técnicos han colaborado en su elaboración. El Ministerio tiene todos los datos necesarios, y sin embargo, ayer nos encontramos con esta noticia”, agregó.

Por lo tanto, ha formalizado la demanda de “explicaciones sobre los criterios de selección, así como los detalles de los fondos que han sido asignados y las razones por las que Castilla y León ha sido excluida". "Este Gobierno, el de la Junta y el del presidente Mañueco, siempre defenderá los intereses de Castilla y León y de todos los ciudadanos de la comunidad frente a las decisiones del Gobierno de España. Si es necesario recurrir esta decisión, lo haremos. Ya lo hicimos anteriormente en relación a los fondos europeos destinados a proyectos de inclusión, y en esa ocasión, además, obtuvimos una sentencia favorable. Siempre lucharemos y reivindicaremos lo mejor para las personas de Castilla y León”, concluyó rotundamente.