Blanco desmiente acusación sobre “caja” de CyL con dependencia y advierte sobre déficit de inversión del Gobierno.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha rechazado rotundamente las acusaciones de que la Junta de Castilla y León esté lucrando con la dependencia, al mismo tiempo que ha señalado el déficit que el Gobierno de España mantiene con la región en este ámbito.

Estas declaraciones de Blanco se han producido en respuesta a un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, el cual sugiere que Castilla y León ha hecho "caja" con el aumento del presupuesto para dependencia en el marco del Plan de Choque (2020-2023) aprobado por el Gobierno tras la pandemia.

Según el estudio, el Gobierno central incrementó su aportación en un 138 por ciento durante ese período, en comparación con el 9 por ciento de las comunidades autónomas, tres de las cuales redujeron el gasto en la atención a personas en situación de dependencia, incluyendo a Castilla y León (-34,7%). Además, la región se sitúa por debajo de la media en cuanto al porcentaje destinado de sus propios presupuestos, con un 63,2% frente al 71% de promedio.

Blanco ha destacado que este informe pone de manifiesto el desequilibrio en la financiación de la dependencia entre el Gobierno y Castilla y León. Mientras la ley establece un 50% de financiación por parte del Estado, el informe revela que la región continúa invirtiendo el 63% de sus recursos, con el Gobierno aportando solo el 37%.

La consejera ha subrayado los esfuerzos realizados por Castilla y León para mejorar la atención a la dependencia, posicionándose como la tercera región que más invierte por habitante y la sexta que más invierte por persona dependiente, según el informe. Además, ha destacado la ausencia de lista de espera y el liderazgo en la prestación de servicios en este ámbito.

Blanco ha enfatizado que la región ha aumentado significativamente su gasto propio en dependencia, con 502 millones en 2022 y 516 millones en 2023, mientras que el Gobierno central solo aporta 300 millones, lejos del 50% que le correspondería. Por ello, ha afirmado que seguirán exigiendo una financiación más justa para poder continuar ofreciendo una atención de calidad a las personas en situación de dependencia en Castilla y León.