Burgos da luz verde a la polémica Zona de Bajas Emisiones que limitará la movilidad
El Ayuntamiento de Burgos tomará nuevas medidas para avanzar en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad, luego de la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Burgos que anuló el contrato para su implementación.
El presidente del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes, José Antonio López, anunció que el actual equipo de Gobierno conformado por el PP y Vox tiene la intención de "redimensionar" la extensión total de este proyecto, lo que implica una reducción de los límites establecidos por el PSOE en el mandato anterior.
López explicó que la sentencia reciente, resultado de las deficiencias del anterior equipo de Gobierno socialista, demanda un cambio en la estrategia de este proyecto, que fue anulado por no seguir los procedimientos administrativos adecuados.
Según el concejal, el juzgado determinó la anulación del contrato para la implementación de la Zona de Bajas Emisiones debido a la falta de una ordenanza previa que establezca su regulación. Además, anunció que este martes se llevará a cabo una reunión inicial del "gabinete de Movilidad" para trabajar en la redacción de una nueva ordenanza que facilite la implantación de esta Zona de Bajas Emisiones. En esta reunión participarán el jefe de Bomberos, el Intendente de la Policía Local, concejales de Medio Ambiente, Urbanismo y Movilidad, así como varios técnicos municipales del área.
López enfatizó la urgencia de esta primera reunión debido a la posibilidad de perder parte de los Fondos Europeos vinculados a este contrato. Por ello, ya han solicitado una prórroga como consecuencia de este proceso judicial.
El presidente del Servicio Municipalizado de Movilidad señaló que la intención del actual equipo de Gobierno es "redimensionar" la Zona de Bajas Emisiones y las zonas restrictivas desde el tramo final de la calle Vitoria hasta la calle San Lesmes, afectando principalmente al casco histórico de la ciudad. No obstante, todavía están evaluando si se plantea una o dos zonas diferenciadas, siempre siguiendo criterios técnicos y evitando decisiones políticas.
Asimismo, el gabinete de Movilidad deberá determinar si se elabora una nueva ordenanza de movilidad o se modifica el texto de la actual, lo cual permitiría aprovechar parte de la propuesta anterior.
Por otro lado, López advirtió que será necesario analizar el costo del nuevo proyecto, tomando en cuenta la reducción de las zonas restrictivas, lo cual podría afectar el monto de los fondos europeos solicitados. También se tendrá que indemnizar a la empresa encargada de elaborar el proyecto por la anulación del contrato, estimando una indemnización del 20% del costo total, es decir, alrededor de 700.000 euros.
Por último, el concejal expresó su compromiso de implementar la Zona de Bajas Emisiones antes de diciembre de 2024, estableciendo este como el horizonte para su realización.