VALLADOLID, 30 de mayo.

La Junta de Castilla y León ha respondido con diez alegaciones al anteproyecto de Ley del Gobierno central que busca condonar la deuda de las comunidades autónomas. Según el ejecutivo regional, esta propuesta es un mero "pago" a los pactos de investidura que han impulsado al actual Gobierno, lo que genera preocupaciones sobre su equidad y transparencia.

En el proceso de consulta pública, la Junta ha reafirmado su firme oposición a la condonación de deuda autonómica. Este rechazo se ha manifestado previamente en diversas instancias, incluyendo el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se abordaron estos temas en profundidad.

El plazo para enviar observaciones al anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera culminó el 30 de mayo, y la Junta ha asegurado que ha presentado sus argumentos en el tiempo estipulado. Se consideran esenciales para el futuro financiero de Castilla y León.

En su documento, la Junta sostiene que el verdadero problema financiero de la comunidad reside en la falta de recursos del modelo de financiación vigente, que no permite cubrir adecuadamente las competencias y servicios públicos, en lugar de enfocarse únicamente en el endeudamiento.

Desde la perspectiva del Gobierno regional, es crucial llevar a cabo una reforma completa del modelo de financiación que promueva la "igualdad y bilateralidad" entre las comunidades autónomas, garantizando una asignación justa y suficiente de recursos. "La solución a este problema no puede ser una simple condonación", han sentenciado.

Asimismo, la Junta ha manifestado que cualquier medida destinada a mejorar la sostenibilidad de las finanzas autonómicas debe acordarse de manera conjunta con las comunidades, resaltando que el anteproyecto actual se percibe como un "peaje" político en lugar de un producto de una auténtica negociación entre todos los actores implicados.

Uno de los argumentos cruciales de la Junta es que la propuesta de condonación no se fundamenta en un riguroso análisis técnico que examine a fondo el endeudamiento autonómico y sus diversas aristas. "No se ha presentado evidencia concreta que sugiera que trasladar la deuda al Estado resolverá las dificultades que algunas comunidades encuentran para acceder al mercado", han afirmado.

Además, señalan que esta medida no incrementará los recursos disponibles para las comunidades, lo que podría llevar a un incremento del endeudamiento en lugar de solucionarlo. En este sentido, consideran que se trata de una propuesta de corto alcance enfocada en la obtención de apoyos políticos inmediatos.

La Junta también advierte que la condonación no elimina la deuda, sino que la "mutualiza", transfiriendo una carga de 83.252 millones de euros al Estado que recae sobre todos los contribuyentes, implicando que Castilla y León podría ver un aumento de 523 euros por habitante en su deuda.

Por último, la administración regional critica que la propuesta de "quita de deuda" se fundamenta en criterios que consideran "arbitrarios e ideológicos", alejados de los principios de equidad y eficiencia. A esto se suma que una amplia mayoría de comunidades autónomas, instituciones y expertos se oponen a esta condonación, que, a su juicio, vulnera los principios constitucionales de solidaridad e igualdad financiera.

En términos monetarios, la condonación de la deuda afectaría a Castilla y León en aproximadamente 3.643 millones de euros, mientras que comunidades como Andalucía y Cataluña serían las más favorecidas, con el Estado asumiendo 18.791 y 17.104 millones de euros respectivamente, lo que representa más del 43% del total de la deuda a condonar.