VALLADOLID, 3 de febrero. La Junta de Castilla y León ha tomado medidas significativas en preparación para las elecciones programadas para el 15 de marzo. En un reciente boletín oficial, se han emitido una serie de decretos y órdenes destinados a establecer el marco de la jornada electoral, destacando qué derechos tendrán los trabajadores en relación con su derecho al voto.

Según el nuevo decreto, aquellos que se encuentren laborando el día de las elecciones contarán con un permiso retribuido que podría extenderse hasta cuatro horas. Esta cantidad de tiempo se adaptará según la duración de la jornada en caso de que el trabajador esté bajo un régimen de jornada reducida, garantizando así la accesibilidad al voto para todos los empleados.

Además, los trabajadores que sean seleccionados como presidentes o vocales de mesa electoral recibirán un permiso completo para ejercer sus funciones el día de la votación, siempre y cuando no coincida con su día de descanso habitual. A la vez, se contemplan reducciones en la jornada laboral del día siguiente, favoreciendo así la participación activa en el proceso electoral.

Otro aspecto destacado es la consideración para aquellos que actúan como apoderados, quienes también disfrutarán de un permiso retribuido durante todo el día de votación si este no coincide con su descanso semanal. Este enfoque subraya la importancia de la participación ciudadana en el ejercicio democrático.

Asimismo, el Boletín Oficial publica un decreto que establece los criterios para las dietas y compensaciones que recibirán quienes colaboren en la organización electoral. En este sentido, se ha fijado una compensación de 76,41 euros para los miembros de las mesas electorales, un aspecto que refuerza la valoración del trabajo realizado en estas tareas esenciales para la democracia.

La normativa ofrece un detalle exhaustivo sobre las compensaciones acordadas para diversos grupos implicados en el proceso electoral, incluyendo miembros de las juntas electorales y otros trabajadores municipales que desempeñen funciones adicionales no contempladas en su sueldo ordinario. Se garantiza que estas compensaciones se ajusten a los incrementos aprobados desde las últimas elecciones autonómicas, además de asegurar la cobertura de riesgos asociados al desarrollo de estas funciones.

La Junta también ha hecho público un manual que orientará a las personas asignadas a las mesas electorales en los próximos comicios de 2026. Este texto tiene como objetivo facilitar la correcta organización de las elecciones a las Cortes de Castilla y León, proporcionando instrucciones claras para cada etapa del proceso electoral.

Este manual, diseñado con la colaboración de la Junta Electoral Central, abarca desde la constitución de las mesas al inicio del día de votación hasta el escrutinio y la entrega de documentos. Incluye directrices sobre la identificación de los votantes, la gestión del cierre de los colegios electorales y la cumplimentación de actas oficiales, además de estipular normas sobre orden público y el manejo de interventores y apoderados.

Aparte de esto, la Junta ha actualizado la regulación de la Comisión de Debates Electorales de Castilla y León, buscando adaptarse a los cambios en el entorno mediático actual. Esta comisión estará compuesta por un presidente destacado en el ámbito periodístico, elegido por la consejería competente, y un amplio conjunto de vocales que representarán a diversos medios de comunicación.

La composición de la comisión incluye representantes de diversas entidades periodísticas, asegurando una pluralidad en la representación mediática. Entre ellos se encuentran periódicos autonómicos y provinciales, emisoras de radio y televisión, así como medios digitales y agencias de noticias, lo que permitirá un enfoque integrador y diverso en la cobertura de los debates electorales.

Uno de los miembros de la comisión será designado como secretario, teniendo voz y voto en las decisiones. Además, se establecerán las condiciones para la celebración de debates, incluyendo aspectos como el lugar, la duración, el formato y el orden de intervenciones, asegurando así un desarrollo adecuado y conforme a la normativa electoral vigente.