Crónica Castilla y León.

Crónica Castilla y León.

Castilla y León se adapta a los nuevos estándares de calidad del aire de la UE.

Castilla y León se adapta a los nuevos estándares de calidad del aire de la UE.

Desde mañana, el Parlamento Europeo impone nuevas y más estrictas regulaciones sobre los niveles de varios contaminantes en la atmósfera, lo que promete un impacto significativo en la gestión ambiental de los estados miembros de la Unión Europea.

VALLADOLID, 9 de diciembre.

De acuerdo con información proporcionada a Europa Press por fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, la región se encuentra en cumplimiento con la mayor parte de las estaciones de medición, en relación a los nuevos umbrales de calidad del aire establecidos por la UE. Esta normativa entrará en vigor el 10 de diciembre, y la Junta ya ha comenzado a tomar medidas para abordar aquellas áreas donde no se cumplen estos estándares, apostando por las inversiones necesarias para mejorar la calidad del aire.

El cumplimiento de esta normativa exige primero su transposición al marco legal español. En este sentido, los responsables de la Administración regional están examinando detalladamente las modificaciones requeridas en las estaciones de control de calidad del aire y se encuentran ya en la planificación de inversiones para realizar las adaptaciones que se consideren necesarias.

Paralelamente, la Junta está evaluando los datos actuales para asegurar que se cumplen los nuevos parámetros de referencia. Hasta ahora, los resultados preliminares indican que la mayor parte del territorio se ajusta a los criterios establecidos. No obstante, se establecerán análisis adicionales en aquellas zonas que no logren cumplir con los límites requeridos, para ocasionar acciones que permitan alcanzar los estándares marcados por la normativa europea.

La directiva que entrará en vigor el 10 de diciembre endurece los requisitos de calidad del aire en relación a los contaminantes más nocivos, tales como las partículas finas y el dióxido de nitrógeno, todo con miras a lograr la ambiciosa meta de "contaminación cero" para el año 2050.

Dicha regulación otorga un plazo de dos años a los estados miembros para su integración en las leyes nacionales, estableciendo límites de calidad de aire aún más rigurosos para el año 2030, alineados con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con revisiones periódicas programadas.

A partir de la activación de esta normativa, los países de la UE estarán obligados a emprender acciones correctivas en caso de que se superen los límites impuestos. Esto incluye la creación de hojas de ruta estratégicas y la ejecución de medidas de urgencia en aquellas áreas con alta concentración de contaminantes, en un intento por proteger la salud pública.

La regulación también establece el derecho de los ciudadanos a exigir compensaciones por daños a la salud ocasionados por incumplimientos de los límites establecidos, implementando sanciones severas para aquellos infractores que no cumplan con lo estipulado.

A su vez, se contempla la posibilidad de que los países de la UE soliciten extensiones de plazos hasta 2040 en regiones que enfrenten retos geográficos particulares, siempre que se garantice una reducción continua de los niveles de contaminación.

Este nuevo marco regulatorio es el resultado de un proceso legislativo iniciado en octubre de 2022 por una propuesta de la Comisión Europea, cuyo propósito era reforzar los estándares de calidad del aire acorde a las recomendaciones de la OMS.

En febrero de 2024, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea lograron llegar a un acuerdo provisional tras un exhaustivo proceso de codecisión para ajustar la propuesta inicial. Dos meses después, en abril de 2024, el Parlamento ratificó su versión final, estableciendo límites más estrictos para los contaminantes y asegurando derechos fundamentales como el acceso a la justicia y la indemnización por daños a la salud.

Finalmente, el Consejo de la UE aprobó formalmente la medida el 14 de octubre de 2024, cerrando un proceso que culminó con la publicación de la directiva el 20 de noviembre en el Diario Oficial de la Unión Europea, y su entrada en vigor a partir de mañana, 10 de diciembre.