El sindicato Comisiones Obreras en Castilla y León ha tomado una decisión polémica: ha presentado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectará a 54 personas en lo que resta de 2023. Esto supondrá una reducción de la jornada laboral de entre un 50 y un 60 por ciento, y aún está pendiente de negociación.
Según se desprende de un comunicado de prensa hecho público por el mismo sindicato, se trata de una medida intervencionista que pretende evitar un despido colectivo. El sector sindical planea combinar esta decisión con una reordenación de la planificación del sistema laboral "de forma temporal y parcial con carácter coyuntural".
El motivo de esta medida adoptada por Comisiones Obreras radica en la "ilegalidad" de las políticas aplicadas por Vox que gestiona, entre otras, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Medidas como la supresión de los servicios de prevención de riesgos laborales, de atención a migrantes y de orientación a personas desempleadas o la formación profesional para personas ocupadas son las causas esgrimidas por los sindicalistas.
Comisiones Obreras ha asegurado que la política ilegal del gobierno de minoría de la Junta de Castilla y León, Vox incluido, "ha derivado en que el Gobierno de España tuviera que intervenir y presentar un requerimiento a la Junta de Castilla y León para que no eliminara el SERLA", según reflejan las declaraciones del propio sindicato en el comunicado. El SERLA había sido suprimido previo a esto en el presupuesto de la Junta de Castilla y León para 2023.
Por si fuera poco, Comisiones Obreras ha acusado a Vox de intentar desgastar a los sindicatos y a las organizaciones de la sociedad civil organizada "para erosionar la democracia" y asegura que su actividad sindical sigue activa gracias a las cuotas de los afiliados. En definitiva, el sindicato trata de armar un discurso en contra de las políticas aplicadas por el gobierno que acusa de perjudicar a los trabajadores y trabajadoras de la región.