VALLADOLID, 19 de diciembre. En un llamamiento a la acción, el sindicato Comisiones Obreras ha propuesto un plan revolucionario para la prevención y extinción de incendios en Castilla y León. Este modelo, que aboga por la gestión pública de los servicios, contempla una reducción significativa en el gasto previsto por la Junta para 2025, pasando de 91 o 92 millones de euros a tan solo 82 millones.

La secretaria general del sindicato en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, presentó esta propuesta en la sede del Consejo Económico y Social (CES). La acompañaban Enrique Cabero, presidente del CES, y José Ramón Jiménez, responsable de Medio Ambiente del sindicato. Fernández de los Muros enfatizó que esta iniciativa surge de una reflexión interna del sindicato sobre la alarmante situación de incendios y la crisis climática, especialmente tras los eventos catastróficos de 2022 en la Sierra de la Culebra y el aparente "fracaso" del modelo actual de gestión por parte del gobierno regional.

El planteamiento del sindicato se centra en la creación de un operativo que sea "cien por cien público", llevando a cabo una "internalización" de los servicios que antes han estado externalizados. Esta propuesta incluye la mejora de las condiciones laborales, asegurando una mayor seguridad y formación para los trabajadores dedicados a una labor considerada "altamente peligrosa". Así, se invita a las administraciones a abrir un diálogo al respecto.

Detallando la estructura del nuevo operativo, se propone la creación de 24 brigadas helitransportadas, 134 equipos de extinción, 84 bases comarcales y una flota de aproximadamente 3.000 bomberos forestales en diversas categorías, así como 1.200 agentes medioambientales y celadores. Este modelo permitiría no solo una mejora en el empleo, sino también una atención más efectiva hacia la prevención de incendios.

La propuesta incluye un desglose económico que contempla 22 millones de euros para inversiones iniciales y mejoras en infraestructuras y otros 22,5 millones destinados a la compra de vehículos y materiales. Además, el sindicato contempla un aumento del 20% en la plantilla de las cuadrillas helitransportadas, con un gasto previsto de unos 3 millones de euros para alcanzar un total de 18 millones.

A lo que se suma una inversión en la mejora de las cuadrillas de tierra y brigadas de extinción que requeriría 63,4 millones de euros, cifra considerablemente inferior a lo que se había presupuestado anteriormente. Este nuevo modelo se destaca por su potencial para cubrir otras necesidades, como la adquisición de maquinaria y equipamiento esencial.

Comisiones Obreras manifiesta que un operativo con personal fijo durante todo el año permitirá la fijación de población en el entorno rural, ya que los trabajadores y sus familias podrían residir en las comunidades donde desempeñan su labor. La propuesta también aboga por prácticas de gestión forestal sostenible que ayudarían a reducir los costos asociados a la extinción de incendios, minimizando así la urgencia del gasto durante la temporada de incendios.

La secretaria del sindicato subraya que es esencial un compromiso amplio de la sociedad, especialmente de quienes habitan en áreas rurales, para promover políticas forestales efectivas en Castilla y León. El sindicato también propone un plan de ordenación integral que implique prácticas preventivas en el 1% del territorio forestal, un aumento significativo respecto al 0.4% actual, destacando el enorme potencial de mejora en este campo.

Además, se propone fomentar la innovación en investigación relacionada con la bioeconomía forestal y la conservación de ecosistemas, así como el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales que respalden la actividad económica en el ámbito rural. Sin embargo, Fernández de los Muros enfatiza que estas iniciativas deben ir acompañadas de inversiones en servicios públicos y transporte en el medio rural para poder equilibrar el desarrollo territorial.

Entre las demandas del sindicato también destaca la necesidad de una mayor coordinación entre administraciones y un Pacto de Estado frente a la emergencia climática, ya que el reconocimiento a este desafío es fundamental para proteger tanto a los trabajadores del operativo de incendios como nuestro patrimonio natural. Lamentablemente, se ha registrado la pérdida de vidas en el ejercicio de esta arriesgada labor.

Afrontando el futuro, la líder sindical advierte que la falta de acción ante modificaciones en el operativo, que no se implementará el 1 de enero, deja la prevención en una situación crítica, lo que podría dar lugar a problemas durante los próximos meses. También critica la falta de transparencia de la Junta en la evaluación de la situación de incendios durante el año, acusando al consejero de Medio Ambiente de no enfrentar la dura realidad a la que se enfrenta la región.