VALLADOLID, 22 Nov. — Este sábado, cerca de 50 personas se reunieron en la emblemática Plaza Zorrilla de Valladolid para demandar un mayor reconocimiento y dignificación para las educadoras infantiles que trabajan con niños de cero a tres años. Los manifestantes expresaron su descontento ante lo que consideran un "incumplimiento sistemático" de la Junta en la aplicación de la legislación educativa, especialmente en lo que respecta a la creación de unidades mixtas en centros que ya están al máximo de su capacidad.

La concentración fue impulsada por el sindicato CCOO, junto con la Federación de Enseñanza de Castilla y León, y se llevó a cabo a las 12:30 horas en pleno corazón de Valladolid. Los manifestantes quisieron poner de manifiesto el "olvido por parte de las administraciones" hacia el ciclo educativo de los más pequeños, que se enfrenta a numerosos desafíos.

La portavoz del sindicato, Gemma Arranz, enfatizó la necesidad de implementar "ratios más bajos", al igual que se exige en los niveles de educación primaria y secundaria. Arranz destacó la "urgencia" de que las aulas cuenten con un mayor respaldo, incluso sugiriendo la incorporación de un segundo educador, dada la complejidad de las necesidades de los niños de esta franja de edad.

Durante la protesta, los asistentes levantaron pancartas con lemas como "¡Menos ratios, mejores condiciones!" y "¡Abandono y violencia institucional!", además de exhibir carteles en forma de ataúd para simbolizar el aparente "abandono de la educación infantil" en este crucial período de desarrollo.

Iván Pastrián, representante de la enseñanza privada en la Federación de Enseñanza de Castilla y León, subrayó que su presencia en la concentración tenía como propósito criticar las decisiones de la Junta respecto al primer ciclo de educación infantil. Según Pastrián, la Junta está en "incumplimiento sistemático" de las normativas al permitir la formación de unidades mixtas en centros que ya están completos, una práctica que, según la ley, no debería ser viable.

Además, Pastrián mencionó que la decisión de la administración de implementar la gratuidad en la educación, con el objetivo de ahorrar recursos, ha llevado a la creación de nuevas unidades en centros saturados. Esto, a su vez, ha resultado en una sobrecarga considerable para las educadoras, que ya enfrentan altos niveles de estrés en el trabajo.

Por último, el representante del sindicato expresó su preocupación por la "discriminación salarial" que se ha observado en función de cómo se financian las escuelas. Destacó que las escuelas municipales de gestión privada, que reciben fondos de los ayuntamientos, ofrecen condiciones salariales más favorables que las escuelas privadas que son financiadas por la Junta. Pastrián concluyó afirmando que es fundamental abordar esta disparidad, ya que ambas entidades reciben financiación pública y llevan a cabo tareas que son esenciales para el desarrollo educativo de los niños.