El Colegio de Podólogos de Castilla y León (COPCYL) ha criticado la falta de avances en el ámbito de la podología en los últimos diez años desde que se propuso la adhesión al Compromiso con la Sanidad Pública. En concreto, la asociación ha planteado la creación e implementación de una Unidad de Pie Diabético en un hospital de tercer nivel, "de acuerdo con los criterios de calidad y coste-efectividad que las sociedades científicas llevan demostrando desde hace años".
El COPCYL también ha propuesto la paulatina incorporación de podólogos en todos los niveles de atención mediante la creación de la categoría sanitaria de podólogo. "En los últimos diez años no se ha avanzado nada en el ámbito de la podología", lamenta el presidente de los podólogos de Castilla y León, José Luis Muñoz. A pesar de solicitar una reunión al consejero de Sanidad en mayo de 2022, un año después aún no se ha producido el encuentro. El Colegio sigue sin ser escuchado ni atendido, añaden en sus reproches a la Junta de Castilla y León.
Según el COPCYL, los podólogos ya son parte integrante de la sanidad pública de Madrid desde diciembre de 2020. Otras comunidades autónomas, como Cantabria, Baleares y la Comunidad Valenciana, también han avanzado en este sentido. En Cantabria existen dos plazas desde 2005, mientras que en la Comunidad Valenciana están presupuestadas cinco plazas en hospitales y ocho unidades de pie diabético para 2023. En Islas Baleares se ha incluido un podólogo en cada hospital público mediante nombramientos estatutarios de carácter eventual. En La Rioja, un podólogo se ha incorporado a la Unidad de Pie Diabético del hospital público con carácter temporal y como laboral para un proyecto de investigación sobre tratamiento y cuidado del pie diabético.
También afirman que en Madrid hay una resolución de 2019 en la que aparece la primera plaza de podólogo como personal laboral fijo del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, y que en Andalucía se prevé la creación de unas 18 plazas. En Cataluña, se presta atención podológica concertada con la Administración a las personas diabéticas con patologías vasculares y neuropáticas crónicas desde febrero de 2009.
El COPCYL ha reivindicado "la plena incorporación" de la podología al sistema público de salud de Castilla y León. Han entregado "en su momento" un informe para avalar "un servicio importantísimo a la sociedad" que, según la asociación, supondrá un ahorro económico y una contención del gasto sanitario, mejorará la calidad asistencial a los pacientes y significará una importante descarga de presión asistencial en otros recursos desbordados por una patología que presenta unas tasas de fracaso terapéutico y morbimortalidad elevadas, debido a un manejo inadecuado y a la inexistencia del podólogo en los equipos multidisciplinares que deben tratarla.
Además, el Colegio de Podólogos ha planteado su colaboración con la Consejería de Sanidad en la persecución del intrusismo profesional y la "irregular actividad de centros no sanitarios que ofrecen servicios de podología sin el pertinente registro sanitario ni los mínimos requisitos de calidad asistencial exigibles".