El Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid ha culpado a las hermanas A.I. y M.G.C. a penas de nueve meses y once meses de prisión, respectivamente, como autoras de un delito continuado de castigo animal relacionado con el criadero ilegal de Yorkshire que la Policía Municipal de Valladolid descubrió que escondían en el mes de abril de 2020 en un local de la ciudad más importante.

En su sentencia, el juzgador impone a A.I. la pena mucho más baja, probablemente por fallo, al aplicarle la atenuante analógica de perturbación mental, en el momento en que de todos modos es su hermana mayor, M, la que sufre el síndrome de 'Noé' aducido por su protectora, mientras que impone a ámbas la inhabilitación por un par de años para el ejercicio de trabajo, profesión o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales y, en término de compromiso civil, la obligación de indemnizar de manera conjunta y caritativa al Ayuntamiento con un total de 14.559 euros, según detallaron a Europa Press fuentes jurídicas.

"Aquí las acusadas han reiterado que todo lo hicieron por el confort de sus perros, pero la verdad es terca y la prueba contundente, charlar de precaución, atención, dedicación y sepa de dolo en el momento en que día a día podían avisar el progresivo deterioro físico de sus animales, apreciable a fácil vista para cualquier profano", recopila el fallo condenatorio, que repudia que no fuesen conscientes del deterioro al que sometían a los animales a su precaución, por más que estimen a exactamente los mismos y por más que les encantaría lo destacado para ellos, pues la verdad es que les sometieron a una situación de abandono y agobio semejante a quien, de forma consciente, busca un resultado dañoso en un largo plazo para el animal objeto de cría".

En verdad, el juez añade que las dos hermanas eran de forma plena siendo conscientes de la situación como revela el hecho de las dificultades que pusieron a los policías municipales a fin de que entraran en el local, "escondiendo a los animales en la región posterior del local en cubos y cajas de cartón".

Y en forma de silogismo, el juez solicita imaginarnos a un individuo a la que se da agua y comida pero, por lo menos, a lo largo de mes y medio famoso por las acusadas, se le deja encerrado en un espacio en el que no puede desplazarse, en un semejante de unos cuantos m2, sin oportunidad de utilizar instalaciones sanitarias, sin poder asearse a lo largo de ese periodo de tiempo de tiempo, sin salir a la calle, sin luz natural, sin ventilación, sin asistencia médica. "Absolutamente nadie vacilaría de calificar de inhumanas o subhumanas las condiciones del encierro sufrido", advierte.

Y es que, según comprende, el estado de abandono de los animales no es nuestro de unos pocos días de falta de atención, "funciona con la permanencia de exactamente los mismos en conjunto sepa de higiene y las mínimas condiciones de habitabilidad animal con plena conciencia de las acusadas, que no desearían ocasionar un daño directo a exactamente los mismos, pero que estaban estropeando paulativamente la salud de los animales hasta la generación de anomalías de la salud producto no de su genética sino más bien delas condiciones de vida impuestas".

Más allá de ello, no llegó a comprender como acreditado que la causa de la desaparición de entre los machos, ni el feto fallecido de entre las hembras haya sido consecuencia directa de la sepa de precaución y hacinamiento de los animales.

"¡Que los perros estaban sucios, sí, pero para nada estaban anémicos ni habían sido maltratados!", fue el alegato que las hermanas AI. y M.G.C. sostuvieron este lunes a lo largo del juicio en frente de la solicitud de pena de entre seis meses y un año de prisión que pidieron para ellas, respectivamente, Fiscalía y Ayuntamiento.

En su declaración, las dos hermanas rechazaron de chato que los 52 Yorkshire que la policía halló en un local de 60 m2 en el número 14 de la calle Santa Clara hubiesen sido objeto de castigo alguno y explicaron que los animales llevaban solo mes y medio en tal espacio en el momento en que fueron localizados, específicamente desde el 12 de marzo de 2020.

Los perros eran propiedad de su padre, quien sí tenía permiso de criador, y los habían llevado al local alquilado en Valladolid desde su emplazamiento original en el chalé familiar de Ciguñuela a causa de la desaparición de su progenitor en 2016 y frente dado que en el tercer mes del año de 2020 el Gobierno, fruto de la pandemia, decretara el estado de alarma.

"Nos quedamos con los perros en recuerdo de mi padre, pero no para llevar a cabo negocio con ellos. Al llevarlos a ese local, frente al estado de alarma, teníamos mucho más sencillez para atenderlos", señaló A.I, la pequeña de las hermanas, quien aseguró que el lugar se encontraba ventilado, tenía iluminación y en él los canes estaban alojados en una suerte de parques infantiles de los que les sacaban cada día a la calle a lo largo de unos diez minutos.

Tanto ella como su hermana reconocieron que los perros carecían de microchip pero aseguraron que todos ellos eran vacunados y desparasitados cada tres meses, labor que efectuaban ellas mismas y un veterinario de la acera de Recoletos que han favorito sostener en el anonimato para no meterle en inconvenientes.

"¡Fue un cúmulo de ocasiones que nos superó. Que estaban sucios, sí, pero ni anémicos ni maltratados! Queremos a los animales ya que nos hemos criado desde pequeñas con ellos", insistió A.I, cuya hermana mayor sostuvo que los únicos cuidados que les falta a los canes era el baño y el cepillado.

UNA VECINA DENUNCIÓ EL "HEDOR" Y LOS LADRIDOS

No obstante, las datas brindadas por las acusadas respecto actualmente de llevar a los perros al local no coincide con el testimonio brindado por la vecina del inmueble que dio la voz de alarma a la Policía Local, en tanto que ésta, si bien en un inicio mencionó que llevaba aguantando ladridos y un "hedor" molesto desde hacía un mes, a lo largo del juicio precisó que la situación la venía sufriendo desde hacía seis meses, específicamente desde octubre de 2019.

Tampoco favoreció a los intereses de la defensa los testimonios ofrecidos por los policías municipales que descubrieron el criadero ni ámbas veterinarias, una de la clínica Huellas y la otra municipal, que difundieron sus propios reportes sobre el estado de los canes.

En la situacion de los agentes, los dos narraron que en un primer instante se hallaron a entre las hermanas y ésta, tras abrirles la puerta al prácticamente de una hora, les ha dicho en un inicio que solo tenía tres perros chiquitos que les mostró en un transporting "lleno de mierda y orines".

Los policías, no obstante, confirmaron al final que el local tenía cincuenta de perros que, según intuyen, la dueña había tratado de ocultar en cubos de plástico y cajas de cartón.

"El hedor era horrible y había moscas por todo el local. Las máscaras que llevábamos gracias a la pandemia nos vinieron fenomenal", recordó entre los agentes, quien sostuvo que, tanto por el estado de las cajas, deshechas por los pises y la humedad, como por la situación de los animales, aquella situación no era cosa de un mes.

En exactamente la misma línea se posicionó la veterinaria de la clínica Huellas que atendió en un comienzo a los canes como la veterinaria del Ayuntamiento de Valladolid, que refirieron las "condiciones lamentables" que presentaban, en referencia a la sepa de piezas bucales, dermatitis, gingivitis, otitis, cataratas, úlceras corneales cicatrizadas, desnutrición, atonía muscular y atrofia a causa, según su dictamen, de la privación de movimiento.

"Yo ahora los vi rasurados y bañados, pero su situación era lamentable", censuró la veterinaria municipal.