VALLADOLID, 14 de enero. Un tribunal en Valladolid ha impuesto una condena de seis años de prisión a un hombre que, en un arranque de ira, provocó un devastador incendio en el rellano de su hogar de alquiler en la Plaza de la Circular. Este acto insensato tuvo lugar a finales de julio de 2024 y fue una reacción a su desalojo por parte del propietario, quien había decidido sacarlo del inmueble debido a incumplimientos del contrato de arrendamiento. El fuego resultante no solo causó daños considerables en la propiedad, sino que también provocó lesiones a su casero y a una vecina, siendo las heridas del propietario de carácter grave.

La sentencia dictada por la Audiencia ha calificado los actos del acusado como un delito de incendio que pone en peligro la vida de las personas, así como dos delitos de lesiones, uno leve y otro grave. Como consecuencia de su comportamiento, David M.E. ha sido condenado a seis años de cárcel por el delito de incendio, junto a una multa de 84 euros por las lesiones graves sufridas por su casero. Además, se le han impuesto dos meses de prisión por las heridas leves ocasionadas a la vecina, aunque esta pena ha sido sustituida por 60 jornadas de trabajo comunitario, según la información aportada por fuentes jurídicas a Europa Press.

A pesar de que el fallo judicial otorgó al autor del incendio una eximente incompleta debido a su estado mental, la pena fue considerablemente inferior a los 17 años que solicitaban las acusaciones. La sentencia incluye además una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a su arrendador a menos de 500 metros durante diez años, que es el doble del tiempo de su sentencia. También se establece la obligación de indemnizar al propietario con casi 20.900 euros por las lesiones y daños sufridos, además de compensar a la vecina afectada con 1.368 euros por sus propias lesiones y daños.

La condena se ha visto acompañada de la obligación de abonar la suma de 4.818 euros a la aseguradora Ocaso, que compensó a la comunidad de propietarios por los daños ocasionados en el edificio. Durante el juicio, el acusado admitió su responsabilidad, aunque justificó su reacción diciendo que fue un arrebato momentáneo provocado por el desconsuelo de encontrar sus pertenencias tiradas en el rellano. “Al ver todo en el suelo perdí el control”, se defendió David, recordando la angustiosa tarde en la que recibió la orden de desalojo tras desavenencias con su casero.

El arrendador, Juan José L., defendió su decisión de retirar las pertenencias de David, respondiendo así a las constantes violaciones de las normas del contrato, como el consumo de alcohol y la llegada de visitantes no autorizados. Juan José relató que no tenía idea de que el comportamiento de su inquilino podría desencadenar en un incendio cuando decidió sacar sus pertenencias al rellano. Al ver las llamas y el humo que salía de su piso, se sumergió en un estado de pánico, tratando de extinguir el fuego con la ayuda de una vecina, Laura M., quien a su vez también resultó afectada por el humo.

Laura, quien escuchó los gritos de ayuda, intentó ayudar en la extinción del incendio con una olla llena de agua. Ella indicó que el humo y el fuego se propagaron rápidamente, afectando al resto del edificio. La situación fue controlada antes de la llegada de los bomberos, aunque ambas víctimas sufrieron lesiones que requirieron atención médica.

Testigos y peritos que asistieron al juicio corroboraron que el incendio se inició por una llama aplicada a materiales combustibles, aunque no se encontró evidencia de sustancias que aceleraran el fuego. Los informes coincidieron en señalar que el denso humo que se generó representaba un grave riesgo para la seguridad de los vecinos del edificio, incluidos los residentes de pisos superiores, que se encontraron con la llegada del humo en sus casas.

El juicio incluyó exámenes periciales sobre los daños físicos sufridos por las víctimas y el estado mental del acusado, quienes concluyeron que David padece trastornos de la personalidad agravados por el consumo de alcohol y cannabis, lo que podría influir en su responsabilidad penal en el momento de los hechos. Sin embargo, los peritos admitieron que, a pesar de su estado, el acusado era consciente de la ilicitud de sus actos.