VALLADOLID, 1 de enero. La comunidad autónoma de Castilla y León comienza el nuevo año bajo la sombra de un presupuesto prorrogado, una situación que se repite por octava vez en la historia de la región. Es importante señalar que en los últimos seis años, esta ha sido la quinta vez que se encuentran en esta misma tesitura. Además, en esta ocasión, el Gobierno regional ha logrado avanzar en la aprobación del techo de gasto no financiero para 2025, aunque las cuentas todavía se encuentran en fase de anteproyecto de ley.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presentó el mencionado anteproyecto de ley luego de un Consejo de Gobierno Extraordinario celebrado el 15 de octubre, donde se aprobó un techo de gasto no financiero de 13.490,50 millones de euros, lo que representa un aumento del 3,82 por ciento. Asimismo, se anunció un borrador de cuentas que crece un 3,58 por ciento, alcanzando la cifra récord de 15.084 millones de euros, las más elevadas en la historia de la comunidad. Este esfuerzo ha sido defendido en solitario por el Partido Popular tras la salida de Vox del Ejecutivo autonómico en julio pasado.

Es notable que la Junta de Castilla y León haya sustentado su anteproyecto de ley en un marco de negociación con los diversos grupos parlamentarios, aunque Vox no ha participado en ninguna de estas reuniones. El objetivo era lograr un consenso que permitiera la aprobación del presupuesto en el Consejo de Gobierno y su posterior registro en las Cortes. Sin embargo, las formaciones políticas han solicitado esta premisa para considerar dar luz verde a las cuentas.

Dada la falta de entendimiento y la decisión del Ejecutivo de no llevar adelante el proyecto de presupuestos en el Consejo de Gobierno, Castilla y León se enfrenta a un inicio de 2025 con la prórroga de los presupuestos de 2024. Estas cuentas, que fueron aprobadas durante el gobierno en coalición de PP y Vox, ascendían a 14.562 millones de euros y ya habían entrado en vigor el 30 de abril del pasado año, ya que el 2024 también comenzó sin un presupuesto definido.

El decreto que prorroga las cuentas de 2024 para este año fue aprobado en el Consejo de Gobierno del 26 de diciembre y publicado en el Bocyl el 30 de diciembre, entrando en vigor el 1 de enero de 2025. Se establece que la disponibilidad de los créditos habrá de ajustarse a la tasa de déficit público notificada para este año, que se ha fijado en el 0,1 por ciento del PIB regional.

Esta prórroga, sin embargo, no influirá en los créditos destinados a gastos relacionados con actividades que concluyan en 2024 o que estén financiadás con recursos específicos que no puedan ser prorrogados. La norma ha sido firmada por el presidente de la Junta y el consejero de Economía y Hacienda, quienes han recordado que el artículo 89.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León implica que si el proyecto de presupuestos no es aprobado antes del primer día del ejercicio económico, “quedarán automáticamente prorrogados los del año anterior hasta la aprobación del nuevo”.

En 2024, se volvió a recurrir a la prórroga presupuestaria que comenzó con las cuentas de 2023, las cuales fueron presentadas el 1 de enero, tal como es habitual en la tradición, aunque sin una Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que la respaldara, debido a un “error” o “malentendido” entre los grupos que apoyan a la Junta, que aceptaron enmiendas parciales del PSOE en una fase avanzada de tramitación de la norma.

Antes de esta prórroga, en 2022, Castilla y León también comenzó el año con presupuestos prorrogados, debido a la disolución de las Cortes y al adelanto electoral que se produjo justo dos días antes del pleno destinado a debatir las enmiendas parciales que negociaba el entonces gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, que había estado en negociaciones hasta el 20 de diciembre de 2021.

A diferencia de lo que ocurrió en 2019 y 2020, donde no se tramitaron las cuentas, esta vez sí se presentó un proyecto de presupuestos para 2022, con una cifra total de 12.835 millones de euros. Aunque el proceso legislativo avanzó, solo quedó pendiente el debate de las enmiendas parciales durante el pleno de 22 y 23 de diciembre, el cual se truncó debido a la decisión del presidente Fernández Mañueco de disolver las Cortes el 21 de diciembre.

Las anteriores prórrogas presupuestarias incluyeron la inusual triple prórroga del presupuesto de 2018, así como las de los años 2011 y 2016 para sus respectivos años siguientes. En estos dos últimos casos, las cuentas fueron finalmente aprobadas a mediados de año, a diferencia de los ejercicios más recientes, donde las prórrogas han sido necesarias debido a la falta de acuerdo político y a la situación de las negociaciones entre partidos.

El expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, también optó por la prórroga en dos ocasiones, la primera en 2012 tras la convocatoria de elecciones por José Luis Rodríguez Zapatero, y en 2017 debido a las vicisitudes económicas que impedían la aprobación del presupuesto estatal, complicando así la situación en la comunidad.

El Decreto de Prórroga de 2012 obligaba a los consejeros a solicitar autorización previa para cualquier tipo de gasto, mientras que la prórroga de 2016 fue considerada “muy transitoria” y “blanda”, buscando garantizar el funcionamiento de los departamentos a pesar de las carencias en el presupuesto.

A lo largo de estos años, la Junta ha tenido que manejar situaciones complicadas a nivel económico que han llevado a buscar soluciones como las prórrogas, evidenciando las dificultades inherentes al proceso legislativo y las tensiones políticas entre los distintos grupos parlamentarios en Castilla y León.