VALLADOLID, 7 Ene. - En un análisis preocupante de la situación social de España, se ha determinado que Castilla y León ha visto una drástica reducción del 69,7 por ciento en su gasto en Rentas Mínimas de Inserción (RMI) en los últimos tres años. Esta disminución se debe en gran parte a la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), y según el Informe de RMI 2023, que fue elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y examinado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, apenas el 1,7 por ciento de las personas en la región que se encuentran bajo el umbral de la pobreza son beneficiarias de este apoyo.

En el contexto nacional, Castilla y León se sitúa entre las 13 comunidades autónomas que han reducido sus gastos en RMI, siendo una de las cinco donde este tipo de ayudas no llegan ni al 2 por ciento de la población en situación de pobreza, alcanzando solo el 1,7 por ciento en este caso. Esta situación plantea serias dudas sobre la efectividad y la cobertura del sistema de protección social en la comunidad.

Los datos revelan que la inversión en RMI en Castilla y León se ha desplomado en 36.738.378,65 euros, pasando de 52.693.771,16 euros en 2020 a solo 15.955.392,51 euros en 2023. Durante los mismos tres años, el número de beneficiarios se ha reducido en un alarmante 72,46 por ciento, lo que se traduce en una caída de 19.222 personas, desde 26.529 a solo 7.307 actualmente. Esto indica una tendencia preocupante en la capacidad de la comunidad para ofrecer ayuda a quienes más la necesitan.

A pesar de esta drástica caída en el gasto y en el número de beneficiarios, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha confirmado que la comunidad ha expresado su "compromiso" de redirigir estos "ahorros" hacia otros servicios sociales. Sin embargo, queda la interrogante de si este compromiso se traducirá en una mejora real en el bienestar de los ciudadanos más desfavorecidos.

A nivel nacional, desde el año 2020 se han observado mismos descensos en los perceptores de RMI, con una reducción del 28,6 por ciento. Entre las comunidades más afectadas se encuentra Madrid, que ha perdido una asombrosa proporción de nueve de cada diez beneficiarios, y Andalucía, con una disminución del 84,4 por ciento. Estos datos enfatizan un patrón significativo de reducción de la asistencia social en el país.

En este contexto, es inquietante que solo el 5,9 por ciento de la población que se encuentra bajo el umbral de la pobreza en España esté recibiendo ayudas a través de las RMI ofrecidas por las comunidades autónomas. Este porcentaje ha ido disminuyendo desde 2015, exceptuando el año 2020, que fue el único en el que se alcanzó un máximo del 8,7 por ciento debido a la crisis provocada por la pandemia.

Además, se observa una notable disparidad entre las comunidades autónomas. Por ejemplo, el País Vasco y Navarra han reportado cifras destacables, con un 51,2 por ciento y un 38,2 por ciento de su población, respectivamente, viviendo por debajo del umbral de la pobreza, mientras que otras como Castilla y León apenas consiguen llegar al 1,7 por ciento. Es alarmante que en cinco comunidades este porcentaje no supere el 2 por ciento, incluyendo Castilla y León (1,7 por ciento), Murcia (1,2 por ciento), Madrid (0,8 por ciento), Andalucía (0,7 por ciento) y Castilla La Mancha (0,3 por ciento).

El análisis también revela que la cuantía media que recibe cada persona perceptora de las RMI en toda España representa solamente el 15,9 por ciento de la renta media por hogar, lo que se considera una "cuantía extremadamente baja". A pesar de que se ha registrado un incremento de dos puntos en el último año, la cifra sigue siendo preocupante para aquellos que dependen de este tipo de asistencia.

Al observar la distribución de estos fondos, se concluye que las comunidades con mayores cantidades en relación con la renta media suelen ser Baleares (36,4 por ciento), Cataluña (18,3 por ciento), Canarias (17,9 por ciento), Asturias (16,5 por ciento) y Comunidad Valenciana (15,2 por ciento). Por otro lado, las comunidades que presentan las peores cifras son Murcia (9 por ciento), Madrid (9,1 por ciento) y, en el caso más extremo, Aragón, donde la RMI apenas alcanza el 0,7 por ciento de la renta media de los hogares de la región.