• lunes 05 de diciembre del 2022

CyL regresa a reclamar en la sectorial una EBAU única por una auténtica "igualdad" de ocasiones entre los jóvenes

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De insistir el Ministerio en su modelo "injusto", la consejera castellanoleonesa amenaza con desvincularse del diseño del mismo

VALLADOLID, 2 Nov.

La consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, mostró su rechazo al nuevo modelo de ingreso a la facultad que expone el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Lo hizo en la Conferencia Sectorial de Educación conmemorada esta tarde de manera telemática, donde los consejeros de las diferentes comunidades autónomas han debatido con la ministra el nuevo modelo de ingreso a la facultad y entre ellos Lucas ha lamentado que no se tengan presente las aportaciones de Castilla y León en los conjuntos de trabajo.

La consejera del ramo de Castilla y León volvió a enseñar su desacuerdo con el modelo. "Primeramente, pues no es una prueba única y no corregir este fallo provocará que el sistema continúe siendo injusto: no probablemente halla 17 pruebas diferentes para un distrito universitario único", en referencia a que cada red social autónoma diseña su prueba con diferente composición -o bloques de contenidos- y disparidad en los criterios de corrección.

Durante el acercamiento, Lucas ha reprochado que no se estén oyendo las proposiciones de Castilla y León dirigidas a trabajar en una prueba única y anunció que, de continuar con esta actitud, Castilla y León se desvinculará del diseño de un sistema de ingreso a la facultad "injusto".

En relación a la evaluación del alumnado iniciativa por el Ministerio, Rocío Lucas ha insistido en la "falta de objetividad" de esa prueba y las secuelas que eso va a tener para la igualdad de ocasiones en el ingreso a la facultad.

Por último, la Junta de Castilla y León cree que el nuevo modelo limita las competencias de las universidades en la prueba de ingreso a la facultad y de esta manera lo ha manifestado asimismo la titular de Educación.

En el acercamiento de esta tarde se ha debatido, además de esto, sobre la implantación de la normativa que ordena a integrar a los instructores profesionales de Formación Profesional en el cuerpo de instructores de Enseñanza Secundaria.

Sobre este aspecto, Lucas reitera que la necesidad de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional realice la aportación financiera que se requiere para acometer dicho cambio, ya que hablamos de una normativa impuesta por ellos y que piensa un prominente coste para las comunidades autónomas.

La ley establece, además de esto, que los efectos de la medida -el aumento en las nóminas- va a deber aplicarse desde enero de 2021, "con lo que la solución que proporciona el Ministerio, que es postergar su implantación, no es posible: cuanto después, mucho más gasto va a haber que asumir", ha sentenciado la consejera.

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