VALLADOLID, 18 de noviembre.

Este miércoles se prevé que las defensas de los catorce acusados en la conocida como 'trama eólica' revelen su estrategia respecto a las declaraciones de sus clientes. En este sentido, se espera saber si los encausados decidirán no declarar en absoluto o si, en cambio, optarán por contestar únicamente a las preguntas de sus propios abogados, evitando responder a las interrogaciones planteadas por las acusaciones públicas y particulares que forman parte del proceso.

El juez Ángel Santiago Martínez, que preside esta causa en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, ha solicitado a los letrados que aclaren la postura de sus defendidos a modo de favor, con el fin de adaptarlo todo a la agenda judicial, en especial considerando que el interrogatorio de los acusados iniciará el 10 de diciembre. Esto permitirá organizar de mejor manera el cronograma del juicio, anticipando si los encausados optarán por el silencio o si se mostrarán dispuestos a contestar a los representantes legales de los acusadores.

A pesar de esta solicitud, los testimonios presentados durante la sesión del martes no aportaron novedades significativas al caso. Hasta ahora se investiga una supuesta red de corrupción liderada por Rafael Delgado, quien en su momento ocupaba el cargo de viceconsejero de Economía, en el contexto de un auge que experimentó el sector eólico en Castilla y León. Los hechos apuntan a un posible chantaje a promotores de parques eólicos que, bajo determinadas condiciones, se vieron obligados a incorporar a empresarios locales en sus proyectos o arriesgarse a la paralización total de sus iniciativas.

Uno de los testigos clave de la jornada fue Francisco Javier Bécares, quien se desempeñó como jefe de la Sección de Industria y Energía en Valladolid entre 2001 y 2005. Bécares testificó que la instrucción 2/2004 permitió centralizar la autorización de expedientes en manos de la viceconsejería, lo que a partir de entonces significó que cualquier proyecto debía contar con un informe favorable del Ente Regional de la Energía (EREN) antes de avanzar. Este testimonio reveló que los informes del EREN tardaban indefinidamente en llegar, generando retrasos inaceptables para los expedientes.

El relato de Bécares subrayó un cambio notable en el proceso de tramitación de solicitudes de parques eólicos desde la implementación de dicha instrucción en 2004, contrastando con un procedimiento más ordenado y ágil que existía anteriormente.

El juicio, que comenzó el 15 de septiembre contra los catorce acusados, compuestos por ex altos cargos de la Junta y empresarios, entra este miércoles en una nueva etapa, dentro de un calendario que prevé que el proceso judicial finalice el 28 de enero de 2026. Los involucrados enfrentan penas que podrían sumar hasta 123,5 años de prisión y multas por un total de 850 millones de euros, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.