Crónica Castilla y León.

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Delgado, clave en el caso 'trama eólica', solicita anular cargos por la teoría del árbol envenenado.

Delgado, clave en el caso 'trama eólica', solicita anular cargos por la teoría del árbol envenenado.

Un grupo de acusados en el caso conocido como la ‘trama eólica’ ha planteado serias objeciones sobre el informe elaborado por un Inspector de Hacienda que sirvió de base para las investigaciones penales. Este informe, fechado el 30 de diciembre de 2014, ha sido objeto de numerosas denuncias por parte de los implicados, quienes consideran que presenta varias irregularidades que afectan la legitimidad del proceso.

Este juicio, que se centra en un supuesto escándalo de corrupción relacionado con el otorgamiento de licencias para parques eólicos en Castilla y León, se inició el pasado lunes con una primera sesión dedicada a cuestiones preliminares. Durante esta fase, el principal acusado, Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía, instó al tribunal a declarar nulas las actuaciones, argumentando que el informe de Hacienda estaba plagado de errores que comprometen su validez.

Los detenidos en este caso argumentan que el informe, al que se refieren como “envenenado”, fue el detonante de las subsecuentes acciones legales de la Fiscalía Anticorrupción y, según ellos, representa una violación de derechos fundamentales. Señalan que el documento no contiene la fecha en que comenzó la inspección, lo que dificulta verificar si se respetaron los plazos legales establecidos. Además, el informe no fue comunicado a los investigados, lo cual, según sus defensores, ha contaminado todas las pruebas recogidas.

En este escenario, los acusados han repetido en múltiples ocasiones la noción de que los delitos que se les achacan, que incluyen desde prevaricación hasta blanqueo de capitales, están prescritos. El tribunal, en esta primera jornada, ha decidido desvincular a un empresario, Carlos Galdón Cabrera, de la causa, tras la retirada de acusaciones en su contra por parte de todas las partes demandantes.

La decisión de archivar el caso contra Galdón fue apoyada por el tribunal tras escuchar a los representantes legales de varias acusaciones que solicitaron la desestimación de cargos. Esta decisión también fue refrendada por la Fiscalía Anticorrupción, quien ya había excluido a Galdón de la lista inicial de acusados en 2017 debido a la prescripción de los delitos imputados.

A pesar de que se ha solicitado que Galdón comparezca como testigo, la defensa de Rafael Delgado se ha opuesto a esta petición. No obstante, el tribunal ha dado luz verde a su testimonio, que también fue solicitado por la Fiscalía Anticorrupción.

Durante la sesión matutina, otros acusados como los hermanos Esgueva también argumentaron sobre la posible prescripción de sus delitos. Francisco Esgueva descartó cualquier implicación directa en los negocios de su empresa con Iberdrola, alegando que su hermano Alberto fue el que se enfocó en el sector eólico, lo que generó un lucro significativo para el grupo local.

La fase preliminar del juicio comenzó con retraso debido a la logística necesaria para acomodar a todos los acusados, sus defensores y las diversas acusaciones presentes. Se estima que cerca de cincuenta personas estaban involucradas en la sala en esta primera jornada.

Un momento peculiar se dio cuando Jesús Rodríguez Recio, quien es acusado de ser un testaferro de Rafael Delgado, optó por representarse a sí mismo en el juicio, presentándose con toga y ocupando el área destinada a las defensas.

La 'trama eólica' se remonta a cuando el gobierno regional de Castilla y León decidió incentivar el desarrollo de energías renovables, en particular la eólica. Las autoridades establecieron condiciones para la aprobación de parques eólicos que requerían la inclusión de empresas locales en los proyectos, lo que fue visto por muchos como una maniobra para favorecer a ciertas entidades a cambio de coimas.

Los posibles castigos en este caso son severos, con la Fiscalía Anticorrupción pidiendo un total de 123,5 años de prisión y multas globales que alcanzan los 850 millones de euros para los trece implicados. Rafael Delgado, como figura clave del esquema, enfrenta la mayor condena solicitada: 42 años de prisión y una multa de 239 millones de euros. Otros acusados, como Alberto Esgueva y Germán José Martín Giraldo, también enfrentan penas notables, reflejando la gravedad de los cargos en juego.