En Valladolid, el pasado lunes, la defensa de Rafael Delgado, principal acusado de la conocida 'trama eólica', ha advertido que el verdadero arquitecto de este supuesto escándalo no es otro que el fallecido Tomás Villanueva, quien ocupó el cargo de consejero de Economía. Según el abogado defensor, Villanueva fue el que orquestó toda la planificación, mientras que Ricardo González Mantero, director general de Energía y Minas, ejerció de ejecutor. Desde esta perspectiva, ha solicitado la absolución total de su cliente, quien, en su concepto, actuó simplemente bajo la dirección del jefe económico de la Junta.

La exposición del abogado, que fue la primera defensa en dar su alegato final en este juicio que se celebra desde septiembre en la Audiencia de Valladolid, comenzó con una cita adaptada de Santa Teresa de Jesús: "Nada te turbe, nada te espante, todo pasa”. Seguido de esto, enfatizó que en esta ocasión “nada acaba de pasar”, dejando claro que su defendido sigue enfrentando una "situación muy complicada".

En un discurso que se prolongó durante dos horas, el letrado hizo énfasis en la inocencia de Delgado respecto a los delitos que se le imputan, subrayando que muchos de ellos están a punto de prescribir. Argumentó que la investigación ha estado marcada por dilaciones excesivas, lo que cuestiona la validez de las acciones llevadas a cabo por la administración tributaria en relación con su cliente, quien fue sometido a un intenso escrutinio durante un periodo de dos años sin el correspondiente debido proceso.

El defensor destacó que la revisión de las cuentas de Delgado, acción prohibida en derecho sin orden judicial, se realizó sin avisar a su cliente, algo que contraviene las normas legales. Expresó su rechazo a dos informes elaborados por la Agencia Tributaria que requieren a Delgado el pago de cantidades elevadas, argumentando que no hubo justificación adecuada para tales exigencias.

Según el abogado, los supuestos delitos en cuestión no deberían ser catalogados como tal y no conllevan responsabilidad civil, demandando un veredicto de absolución. En caso de que la corte decidiera lo contrario, sostuvo que el impulso para introducir a empresarios locales en el sector eólico tuvo origen en Villanueva, dejando a González Mantero en una posición secundaria de "ejecutor".

Además, el defensor hizo hincapié en la presencia constante de González Mantero en los informes, aludiendo a una denuncia anónima que lo mencionaba como un defensor de intereses eólicos y sugiriendo que su autonomía en el sector era notoria. Ante este contexto, cuestionó por qué su cliente, Delgado, enfrenta cargos que lo podrían llevar a 42 años en prisión y a sanciones económicas exorbitantes.

En su alegato, el abogado también abordó la instrucción 2/2004 que reguló el avocamiento de parques eólicos, afirmando que esta fue respaldada por informes jurídicos, y argumentó que su aplicación era necesaria dada la sobrecarga de solicitudes para autorizaciones que se recibieron en ese momento. Recalcó que, en ese período, Castilla y León se consolidó como líder en generación eólica en España.

El defensor, al hablar de documentos internos que determinaban los parques a priorizar, reiteró nuevamente que González Mantero era el encargado de elaborar estos listados. Argumentó que ningún representante de importantes empresas del sector, como Iberdrola y Endesa, ha indicado que la Junta hubiera forzado la inclusión de socios locales, lo que a su juicio, refuerza la defensa de su cliente.

Sobre el pasado profesional de Delgado, se rechazó la idea de que recibiera beneficios o regalos de empresas del sector eólico, recordando su trayectoria desde 1980 como parte de una explotación agrícola familiar. Posteriormente a su salida de la Junta, que se produjo el 30 de junio de 2011, Delgado emprendió una nueva carrera profesional creando dos empresas de consultoría, estableciendo su residencia en Madrid y forjando relaciones comerciales legítimas.

Finalmente, el abogado validó la legalidad en la adquisición de varias propiedades por parte de su cliente y un vehículo de alta gama, asegurando que estas compras no estaban ligadas a ningún tipo de transacción encubierta relacionada con la investigación en curso.