El exdirector del Ente Regional de la Energía (EREN), Ricardo González Mantero, ha realizado declaraciones impactantes al señalar al exviceconsejero de Economía de Castilla y León, Rafael Delgado, como el responsable de manipular los listados de promotores para proyectos de energía eólica. Según González, Delgado ordenaba que se excluyera a aquellos promotores que no permitían la inclusión de socios locales en sus empresas, lo que generó un conflicto en el proceso de desarrollo de estos proyectos.

Estos testimonios surgieron durante la reanudación del juicio por la denominada 'trama eólica' en la Audiencia de Valladolid. En su papel de director del EREN y director de Energía y Minas hasta 2019, González fue interrogado por el Fiscal Anticorrupción sobre las dinámicas establecidas bajo la administración de Delgado, quien presuntamente presionaba para que las grandes empresas del sector energético cedieran parte de sus acciones a inversores locales para evitar que sus proyectos fueran paralizados.

A partir de 2004, se implementó una instrucción que otorgaba a la Consejería de Economía la responsabilidad de otorgar autorizaciones en el sector eólico. Tanto González Mantero como José García Marqués, quien también testificó, consideraron dicha medida como innecesaria, dado que desde 1987 dicha función recaía sobre los jefes de servicio territoriales de Industria. González argumentó no tener claridad sobre las razones detrás de esta directriz, enfatizando que no fue consultado ni involucrado en su implementación.

González Mantero relató que fue durante la ausencia debido a una enfermedad del anterior director de Energía y Minas, Manuel Ordóñez, que Rafael Delgado asumió funciones ampliadas y comenzó a ejercer una influencia considerable en el sector eólico. Recordó que Delgado frecuentemente lo convocaba en Valladolid, mostrando gran interés en los progresos de los proyectos eólicos y solicitándole información sobre la tramitación de los mismos.

El exdirector del EREN también reveló que la administración de listas de promotores cambió bajo directrices de Delgado, quien, contraviniendo los procedimientos establecidos, exigía la inclusión de socios locales. González identificó que, aunque se argumentó una competencia por evacuación como justificación para estas exclusiones, estaba claro que no había fundamento legal para tales decisiones.

En sus declaraciones, relevó que a partir de 2005, las listas de promotores comenzaron a incorporar la participación de socios locales, algo que nunca se había contemplado antes de manera formal. González describió cómo las dinámicas de presión en reuniones, incluso con grandes empresas como Iberdrola, evidenciaban la cerca intervención de Delgado, dejando claro que se exigía que se aceptaran a los socios locales, a pesar de las reservas iniciales de las eléctricas.

En varias ocasiones, el testigo reiteró que ciertos proyectos sufrieron retrasos significativos debido a exigencias de participación local, lo cual es sintomático de un proceso administrativo afectado por decisiones ajenas a la regulación habitual. Una reunión señalada por González en marzo de 2005, donde se discutieron las exigencias de socios locales, se convirtió en un ejemplo de la presión ejercida sobre los promotores por parte de Delgado.

Asimismo, el juicio ha visto la intervención de otros testigos, como José García Marqués, quien a pesar de ocupar un cargo relevante durante dieciséis años, pareció no recordar aspectos críticos relacionados con la operación de la trama. Sus dificultades para rememorar detalles han generado frustración en el tribunal, así como una serie de hipótesis sobre la falta de claridad en la evolución de las decisiones tomadas en torno a los proyectos de energía eólica.

En esta jornada, el juicio abarca a trece acusados por los que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas que totalizan más de 123 años de prisión y sanciones financieras que ascienden a 850 millones de euros. Rafael Delgado se enfrenta a la pena más severa, con 42 años y una multa de 239 millones de euros, siendo considerado el líder de la trama que supuestamente operaba bajo las instrucciones del fallecido consejero Tomás Villanueva.