VALLADOLID, 1 de agosto. Una importante operación, conocida como 'MARFISE', ha llevado a la investigación de un total de once individuos relacionados con el tráfico ilegal de especies de fauna silvestre protegidas. Este avance fue dado a conocer por la Guardia Civil, destacando la preocupación por la protección del medio ambiente en nuestro país.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Valladolid ha sido el encargado de llevar a cabo esta operación, enmarcada dentro del Plan de Acción Español frente al Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno español.

La colaboración ha sido clave en este operativo, contando con la participación de SEPRONA de diversas provincias, incluyendo Barcelona, Málaga y Valencia, entre otras. Adicionalmente, la Unidad Técnica del UCOMA de Madrid también se ha involucrado, y se están llevando a cabo investigaciones con la supervisión de varios juzgados de instrucción y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid.

Las indagaciones se iniciaron en abril de 2024, utilizando técnicas de ciberpatrullaje en redes sociales y entradas de información por parte de UCOMA. Durante el proceso, se intervinieron obras de arte, como esculturas con motivos orientales y elementos de joyería fabricados con marfil y oro, así como otros objetos decorativos, todos ellos representando partes de especies silvestres protegidas.

Según los análisis realizados por el UCOMA y el Servicio de Técnicas no Invasivas del Museo Nacional de Ciencias Naturales, las piezas incautadas contienen marfil de colmillo de elefante, una especie actualmente en peligro grave de extinción. Esta revelación subraya la importancia de la lucha contra el tráfico de especies protegidas, reflejando la delicada situación de la fauna en nuestro planeta.

La estimación financiera de lo confiscado alcanza los 6.390 euros, pero se prevé que el daño causado a la fauna silvestre a nivel internacional podría ascender entre 225.000 y 2.250.000 euros. Este dato resalta la magnitud del problema del tráfico de especies y la necesidad de permanecer alertas ante estas prácticas ilegales.

Finalmente, cabe señalar que el Código Penal español establece sanciones severas para estos delitos, con penas que van de seis meses a dos años de prisión, además de multas significativas y la inhabilitación para ejercer profesiones relacionadas con la caza o la pesca. Esto pone de manifiesto el compromiso legal del país para combatir el tráfico de especies y proteger la biodiversidad que tanto nos caracteriza.