En un reciente fallo judicial en Valladolid, el Juzgado de lo Penal número 1 ha tomado una firme decisión en un caso de intrusismo que afecta a la sanidad animal en la comunidad. La condena de 27 meses de prisión y una multa de 1.890 euros han sido impuestas al propietario de una clínica veterinaria en Santovenia de Pisuerga, quien ha sido considerado culpable de delitos de intrusismo profesional y falsedad continuada en documento oficial.

El Colegio de Veterinarios de Valladolid ha valorado positivamente esta sentencia, enfatizando que la lucha contra el intrusismo es una de sus principales prioridades. Según esta institución, el ejercicio de la veterinaria sin la adecuada titulación no solo pone en peligro la salud y bienestar de los animales, sino que también expone a la población a serios riesgos para la salud pública.

El comunicado del Colegio Oficial, recogido por Europa Press, señala que el acusado, carente de la titulaciones necesarias, decidió despedir a una veterinaria titulada y tomó las riendas de varios procedimientos veterinarios. Desde su llegada al cargo, ejecutó diagnósticos, administró vacunas y utilizó un sello personal para certificar documentos oficiales, empleando además el número de colegiado de la veterinaria que había despedido.

El intrusismo no se detuvo ahí; el condenado usó las credenciales de su antigua empleada para registrar en el Sistema de Identificación de Animales de Compañía de la Junta de Castilla y León (Siacyl) múltiples vacunaciones y gestiones administrativas. De acuerdo con reportes, su actividad generó un total de 36 registros, incluyendo altas, bajas y cambios de titularidad, además de 126 vacunaciones, todo documentado con las keys de la veterinaria, pese a que estos procedimientos se llevaron a cabo después de su salida.

En un hecho más grave, el propietario de la clínica se vio implicado en la aplicación de tratamientos que llevaron a complicaciones en una intervención. Se le acusó de prescribir recetas, elaborar informes clínicos e incluso realizar una cesárea a una perra, lo que resultó en la pérdida de ocho cachorros debido a problemas derivados de la anestesia administrada a la madre. Ante esta situación, el fallo judicial también establece que el acusado deberá indemnizar al propietario de la perra con una suma de 5.000 euros.

Por otro lado, es importante señalar que la veterinaria contratada como auxiliar después de la salida de la empleada titulada ha sido exonerada de los cargos relacionados con falsedad que se le imputaban, lo que refleja la complejidad del caso y la necesidad de una defensa justa en situaciones tan delicadas como la salud animal.