Ecologistas en Acción (EA) ha emitido acusaciones contundentes contra la Junta de Castilla y León, señalando que esta última ha evadido las normativas ambientales y urbanísticas en relación con el ambicioso proyecto regional destinado al desarrollo de un complejo de energías renovables en Puente Castro, León.

La organización ecologista ha compartido sus preocupaciones a través de un comunicado, subrayando que el 11 de diciembre se oficializó en el Boletín Oficial de Castilla y León la aprobación del Proyecto Regional para el establecimiento de este complejo, que es promovido por SOMACYL.

Este plan incluye la construcción de una central térmica con una capacidad de 88 megavatios, que utilizará biomasa forestal para la producción de calor. También se prevé la instalación de una planta de biogás que procesará anualmente 55.530 toneladas de residuos sólidos urbanos y lodos de depuradora. Otro componente del proyecto es una planta destinada a la producción de hidrógeno que generará 756 toneladas al año, a partir del agua procedente del abastecimiento urbano de León, acompañada de una planta solar fotovoltaica de 6,3 megavatios, cuya energía eléctrica alimentará al complejo industrial.

En un singular procedimiento, la Junta ha sometido a información pública la documentación técnica de estos cuatro proyectos, otorgando un periodo de 45 días para su revisión y autorización ambiental, coincidiendo con la temporada navideña.

De manera paralela, se tramita también el proyecto para la urbanización de los terrenos que, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), están clasificados como suelo rústico con protección natural y especial. Este estatus prohíbe cualquier uso industrial, mientras que el Proyecto Regional los clasifica como suelo urbano consolidado, desoyendo así tanto el planeamiento municipal como la legislación urbanística vigente en Castilla y León.

La legislación comunitaria, concretamente la Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio de Castilla y León, establece que los Proyectos Regionales son herramientas de intervención directa en el territorio, destinadas a planificar y facilitar la ejecución de infraestructuras y servicios de interés social, que sean relevantes a nivel regional, lo cual debe estar justificado por la incidencias en varios municipios.

A pesar de que la ley menciona la consideración de proyectos con impacto supramunicipal, la jurisprudencia ha avalado la determinación del interés singular de un proyecto específico ante la imposibilidad de ser aprobado mediante los canales urbanísticos habituales, lo que implica la necesidad de procedimientos excepcionales.

Ecologistas en Acción ha criticado lo que consideran un "uso abusivo" por parte del gobierno regional respecto a este tipo de proyectos, así como una clara intervención en la autonomía de los municipios. Afirman que las actividades industriales que la Junta intenta autorizar en Puente Castro carecen de verdadero beneficio para la Comunidad en general.

La organización ecologista manifiesta que, más allá de las argumentaciones ambientales generales relacionadas con el cambio climático y las energías renovables, que pueden aplicarse a numerosos proyectos en toda Castilla y León, no hay una justificación concreta que sustente el interés regional de estas iniciativas, argumentando que su impacto es, fundamentalmente, local.

Asimismo, han señalado que la modificación del PGOU y la autorización de proyectos específicos no deberían procesarse por los procedimientos convencionales establecidos.

EA también ha planteado objeciones adicionales al proyecto de Puente Castro, tales como la falta de una evaluación ambiental estratégica que debería preceder a la evaluación de impacto y autorización de cada uno de los planes industriales contemplados.

Entre sus preocupaciones figura también la desprotección de los terrenos rústicos, que aún gozan de una protección natural y especial, sin que se justifiquen cambios en las circunstancias que motivaron dicha protección en 2004, más allá de la mera conveniencia de situar allí las instalaciones.

Finalmente, han hecho énfasis en la falta de alternativas de ubicación para el proyecto, al no acreditarse que esta sea la opción más idónea.

Cabe mencionar que la concesión del proyecto está actualmente sujeta a una sentencia en un recurso contencioso-administrativo presentado por la asociación ante el Ayuntamiento de León, acusado de incumplir el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

La postura de Ecologistas en Acción de León se opone a la implementación de grandes instalaciones de combustión en áreas urbanas, como la que se propone en Puente Castro, aunque no desestiman la posibilidad de establecer redes de calor a nivel de barrio, siempre y cuando exista respaldo por parte de la comunidad, demanda real y estudios económicos sólidos que respalden la viabilidad del proyecto.

La organización ha rechazado categóricamente lo que ven como la "imposición" de estos proyectos, que consideran han sido tramitados al margen de los procedimientos ordinarios, así como el menoscabo a la participación pública, con opciones que ya se creen fijadas por el Ayuntamiento y la Junta.