En un desarrollo impactante dentro del sistema penitenciario español, un educador del Centro Penitenciario de Brieva, situado en Ávila, ha declarado en juicio que Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en Níjar, lanzó una escalofriante advertencia: amenazó con "hundir" la prisión si no se le facilitaba su traslado a un centro en Barcelona. Esta revelación se produjo durante su testimonio en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila, que investiga la posible relación indebida entre la reclusa y ciertos funcionarios de la cárcel.

Según el educador, la estrategia de Quezada buscaba forzar su traslado al centro penitenciario barcelonés donde reside su pareja. El mismo había rechazado previamente su solicitud formal, lo cual llevó a la detenida a utilizar la amenaza de difundir vídeos de carácter sexual donde estaba involucrada, junto a varios funcionarios del centro, como medio de presión. Esta amenaza fue comunicada en una reunión mantenida en julio de 2024, según informan fuentes del ámbito jurídico a Europa Press.

Uno de los funcionarios involucrados en este escándalo, un ex-cocinero del centro, ha negado las acusaciones y ha precisado que la relación con Quezada surgió debido a una serie de rechazados avances por su parte. Este funcionario relató que la reclusa a menudo se acercaba a él de manera provocativa, incluso llegando a tocar su hombro, pero él siempre mantuvo su postura y no accedió a sus insinuaciones.

En una de las ocasiones mencionadas, la reclusa solicitó que se contactara a su novia, M.A.R.Q., para que le llevara ropa de abrigo. Esta comunicación, según el investigado, habría ocurrido a mediados de 2024. Sin embargo, la pareja de Quezada asegura que fue el cocinero quien le proporcionó el teléfono móvil a la reclusa, lo que añade más complejidad a este complicado entramado.

La madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, figura como acusación popular en este caso y ha instado a que se interroge a otra reclusa que podría poseer pruebas que incriminarían a los implicados. Este testimonio, sin embargo, fue rechazado en ocasiones previas, lo que ha generado tensiones en el desarrollo del juicio.

Otro funcionario bajo investigación, identificado como S.T., ya compareció ante el juez, donde limitó sus respuestas a las preguntas de su abogado, negando también cualquier implicación en las acusaciones de un trato preferencial a cambio de relaciones sexuales con Quezada. Su declaración formó parte de una investigación más amplia que rastrea un posible delito de cohecho, según el artículo 443.2 del Código Penal. Varios funcionarios de la prisión han sido suspendidos de sus funciones a raíz de estas serias acusaciones.