Crónica Castilla y León.

Crónica Castilla y León.

El 75% de los empleados públicos de la Junta son mujeres.

El 75% de los empleados públicos de la Junta son mujeres.

En la comunidad de Castilla y León, el avance en la incorporación de mujeres en la administración pública es un tema que merece una profunda reflexión. Actualmente, de un total de 95,000 empleados en la Junta, 69,000 son mujeres, lo que representa más del 73% del total. Este significativo porcentaje no solo evidencia el aumento de la presencia femenina en el ámbito laboral, sino que también se traduce en una mayor participación en las últimas convocatorias de plazas, donde cerca del 75% de las solicitudes han sido realizadas por mujeres, alcanzando un 69% de éxito en el acceso a puestos públicos.

Es importante resaltar que la igualdad entre todos los ciudadanos es un derecho fundamental, tal como lo establece el Artículo 9.2 de la Constitución Española. Este artículo no solo reconoce la equidad entre las personas, sino que también impone a los poderes públicos la responsabilidad de crear las condiciones necesarias para que dicha igualdad sea tangible y eficaz en la sociedad.

La implicación de la Junta de Castilla y León en fomentar un entorno laboral justo y equitativo se ha puesto de manifiesto en el evento ‘Creciendo en igualdad’, inaugurado por Luis Miguel González Gago, consejero de la Presidencia. En su discurso, González Gago destacó la importancia de que cada individuo asuma la responsabilidad de propiciar un ambiente de respeto y colaboración, argumentando que solo así se podrá construir una administración pública más inclusiva donde todos se sientan valorados.

A pesar de la notable representación femenina, el consejero subrayó que la relevancia de la mujer en la administración no debe verse únicamente desde una perspectiva numérica. En su opinión, la contribución de cada empleado es esencial para elevar la calidad de los servicios públicos y lograr una mayor satisfacción entre los ciudadanos. Los datos recogidos en el registro del personal de la Junta de Castilla y León reflejan el papel fundamental que desempeñan las trabajadoras públicas dentro de esta organización.

De estos 95,000 empleados, un 73% son mujeres, mientras que el 27% restante son hombres. Para entender mejor la situación, es ilustrativo considerar el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que indica que las mujeres representan algo más del 59% del total del personal en las administraciones públicas de España, alcanzando un 69% en las administraciones autonómicas y no superando el 32% en la Administración del Estado.

En términos de liderazgo, las mujeres también han logrado una representación significativa, ocupando más del 50% de los puestos de responsabilidad que corresponden a la jefatura de servicio. Este dato resalta un logro importante para la igualdad de género en la Junta de Castilla y León, donde hay 268 mujeres en comparación con 263 hombres en estos puestos clave.

El sector de la sanidad es el que cuenta con un mayor número de mujeres empleadas, superando el 79% de los profesionales, seguido de la docencia con aproximadamente el 72%, y la Administración General con más del 64%. Estas cifras evidencian la preponderancia de mujeres en áreas cruciales del servicio público.

Además, el acceso a la función pública sigue siendo un campo donde la mujer se destaca. Las recientes convocatorias de plazas en cuerpos generales han visto que casi el 75% de las solicitudes son de mujeres, y de ellas, el 69% ha logrado una plaza. Esto refleja una tendencia positiva hacia una mayor inclusión en el ámbito laboral público.

La participación femenina en programas de aprendizaje y formación también supera a la de sus colegas masculinos, como lo demuestra el último informe del Plan de Formación de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, donde el 70% del alumnado en el Plan de Formación General son mujeres, y en el ámbito sectorial, el porcentaje llega al 62%.

Este predominio femenino en la Junta de Castilla y León no es mera coincidencia. La Consejería de la Presidencia, a través de su Dirección General de Función Pública, trabaja diariamente para crear un entorno laboral inclusivo y libre de discriminación. El Plan Estratégico de Igualdad 2022-2025, que se encuentra en vigor, es el resultado de un compromiso a largo plazo por la igualdad que comenzó con la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en 2003.

Esta legislación pionera en la Unión Europea ya incluía disposiciones innovadoras, como solicitar el permiso de paternidad y abordar cuestiones específicas de las mujeres en los procesos de oposiciones. Dentro del marco actual se están implementando dos líneas claves: el I Plan de Igualdad y el Plan de Formación de la ECLAP.

El Plan de Igualdad, instaurado en 2021, es de aplicación para el personal en la Administración General, en instituciones sanitarias y para el profesorado de centros públicos. González Gago destacó que este plan se basa en principios fundamentales como la igualdad, la participación, y la mejora continua, e introdujo un nuevo recurso: un buzón en línea para que miembros del personal puedan enviar propuestas sobre igualdad y también comunicar situaciones de discriminación de manera anónima.

Respecto al Plan de Formación de la ECLAP, para el año 2024 se han convocado 14 cursos específicos relacionados con la igualdad, con un aumento significativo en la oferta y el número de plazas, lo que indica un claro interés por parte de los empleados públicos en formarse en esta área. Las solicitudes recibidas superan considerablemente las cifras del año anterior, conforme con la creciente demanda de formación en igualdad.

Finalmente, González Gago se refirió a la normativa reciente relacionada con la igualdad en el empleo público, mencionando el Decreto-Ley de 2023 que establece una jornada laboral de 35 horas a la semana para empleados públicos, lo que también se considera un paso significativo en la conciliación de la vida personal y profesional. Igualmente, el anteproyecto de Ley de Función Pública propone incrementar el permiso de maternidad y garantiza la paridad en la selección de personal para el acceso al empleo público, reflejando un compromiso claro y efectivo hacia la igualdad en el ámbito laboral.