El reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha puesto en el punto de mira la gestión municipal en Hoyocasero (Ávila). El actual alcalde, Iván Picós, y su padre, Jorge Picós, que previamente ocupó el mismo cargo, han sido condenados por un delito relacionado con la ordenación del territorio. La sentencia establece penas de un año y un año y seis meses de prisión, además de la obligación de demoler una construcción ilegal, devolviendo la zona a su estado original.

La decisión del tribunal, con sede en Burgos, desestima los recursos presentados por los condenados y reafirma la sentencia dictada previamente por la Audiencia de Ávila. Además de las penas de prisión, la condena incluye para Iván Picós la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como una multa diaria que suma un total de 12 meses. Por su parte, su padre enfrenta también un período de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos, que se extiende por nueve años.

Los hechos que han desencadenado esta sanción se remontan a la construcción de una edificación destinada a vivienda, levantada por el alcalde actual en una parcela de su propiedad. Aunque se amparó en una licencia de obra otorgada por su padre para la ampliación de una caseta de aperos, utilizó esta autorización para llevar a cabo un proyecto que en realidad no estaba permitido, dado que el uso residencial estaba excluido de su licencia y el suelo era denominado urbanizable.

La obra, que no solo fue una ampliación sino una nueva construcción de carácter residencial, fue realizada de manera consciente en un lugar distinto al de la caseta original. La sentencia detalla que esta nueva estructura cuenta con acceso, ventanas y condiciones similares a una casa de uso habitual, lo cual la hace indiscutiblemente un incumplimiento de la normativa urbanística.

El descubrimiento del hecho ilícito tuvo lugar gracias a una denuncia anónima en febrero de 2018, que alertó al Ayuntamiento sobre la construcción sin las debidas autorizaciones. El entonces alcalde, a pesar de estar al tanto de la situación, no tomó las medidas adecuadas. En lugar de ordenar una inspección correspondiente, desinformó a sus concejales, erróneamente afirmando que la obra se había llevado a cabo bajo una licencia válida. Esto ha sido considerado como una clara falta a su deber de supervisar el cumplimiento de la ley en la actividad urbanística de su propia familia.