Crónica Castilla y León.

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El Ayuntamiento de Valladolid exige al Gobierno 6 millones por impuesto de plusvalías.

El Ayuntamiento de Valladolid exige al Gobierno 6 millones por impuesto de plusvalías.

El Ayuntamiento de Valladolid ha decidido emprender acciones administrativas para reclamar al Gobierno la cantidad de 6 millones de euros por la pérdida de ingresos sufrida desde 2017 debido a la situación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como 'plusvalía'.

El concejal responsable de Hacienda, Personal y Administración, Francisco Blanco, anunció esta decisión tomada durante la reunión de la Junta de Gobierno Local.

Según el equipo de Gobierno municipal, formado por el Partido Popular y Vox, no se han tomado medidas por parte del Gobierno central en los últimos años para evitar las consecuencias de las sentencias judiciales y las devoluciones que afectan a todos los municipios, como resultado de los cambios legislativos recientes.

La solicitud presentada al Consejo de Ministros del Gobierno de España asciende a casi 6 millones de euros, que corresponden a las 3.128 reclamaciones realizadas y reconocidas, la mayoría de ellas entre 2019 y 2022.

Blanco destacó que hasta la fecha se han devuelto casi 6 millones de euros desde 2017, y esta cantidad seguirá aumentando con las nuevas devoluciones, en un esfuerzo por buscar justicia por parte del Ayuntamiento de Valladolid al Gobierno Central.

En cuanto a las reclamaciones presentadas en Valladolid, la mayoría se efectuaron en 2022, con un total de 1.236 por un valor de 2,11 millones de euros; seguido por 2021, con 665 reclamaciones (1,97 millones de euros); 2020, con 610 reclamaciones por un valor de 966.739 euros; y 2019, con 477 por un importe de 622.495 euros.

El concejal 'popular' resaltó que, además de las devoluciones atribuidas a la regulación deficiente del impuesto, la incertidumbre generada ha provocado que en muchos casos no se hayan cobrado impuestos de plusvalía.

Blanco mencionó que en 2022, cuando aún gobernaban el PSOE y Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento, se recaudaron 6 millones de euros menos de lo habitual en años anteriores (alrededor de 7,5 millones de euros), lo que considera como un impacto significativo en la economía municipal.

El edil defendió que la ordenanza fiscal del Ayuntamiento no ha sido cuestionada en términos de legalidad en los últimos siete años, y atribuyó el problema a una regulación deficiente contenida en la Ley, lo cual considera exclusiva responsabilidad del Estado.

Se destacó la inseguridad generada por la aplicación de la normativa del impuesto de plusvalías desde 2017 en todos los municipios españoles tanto para las entidades locales como para los ciudadanos a la hora de liquidar el impuesto.

Según el concejal de Hacienda, la FEMP y muchos municipios han pedido urgentemente sistemas compensatorios para garantizar que los ayuntamientos tengan los recursos necesarios para seguir ofreciendo los servicios básicos, tal como establece la Constitución.

Se argumentó que las diversas sentencias del Tribunal Constitucional desde 2017 y la falta de medidas adecuadas por parte del Gobierno han llevado a un escenario donde los municipios españoles perderán casi 4.000 millones de euros debido a estas decisiones.

En el Pleno de mayo, el Ayuntamiento de Valladolid aprobó una moción para reclamar al Gobierno central medidas que compensen a los municipios por las pérdidas relacionadas con las sentencias que declararon inconstitucionales ciertos aspectos de la regulación del impuesto.

Blanco indicó que esta propuesta cuenta con el respaldo de la mayoría de los ayuntamientos en la FEMP, y mencionó que otras ciudades como Madrid y Salamanca, también en manos del PP, han emprendido acciones similares ante los tribunales.

La falta de respuesta del Gobierno a las propuestas de compensación ha llevado al Ayuntamiento de Valladolid a optar por la vía de la reclamación patrimonial para paliar los daños sufridos.

Uno de los enfoques clave para el Ayuntamiento ha sido evitar que los ciudadanos se vean afectados por la inseguridad jurídica, por lo que se han agilizado las devoluciones del impuesto de plusvalía a los contribuyentes en los últimos años.

Blanco recordó que en el Pleno de mayo se hizo un llamamiento al Gobierno de España para promover una nueva ley de financiación local que garantice los recursos necesarios para la prestación de servicios públicos en condiciones de eficiencia y equidad.