• domingo 25 de septiembre del 2022

El Consultivo, preocupdo por las secuelas jurídicas de la COVID, que piensa cien reclamaciones

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Todos y cada uno de los conjuntos defienden la necesidad del Consejo y Vox reconoce su tarea pero enmarca sus críticas en el Estado de las Autonomías

VALLADOLID, 13 Jun.

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, expresó la preocupación de esta institución propia frente a las secuelas jurídicas que va a tener la verdad "poscovid", puesto que las reclamaciones van a llegar ahora al centenar.

Sánchez de Vega ha manifestado esta preocupación en el contexto de su comparecencia en las Cortes para enseñar la memoria de 2021, donde ha asegurado que ignoran "lo que deparará el futuro", la "problemática y polivalente" la verdad "poscovid" preocupa por el hecho de que "empiezan a patentizarse secuelas jurídicas".

En este sentido, explicó que en el Consejo Consultivo ahora están dictaminando sobre distintos temas relacionados con esta situación como vacunaciones, acción concertada con centros de salud, compromiso familiar por los daños a la actividad económica, la suspensión de exactamente la misma, etcétera, de forma que va a llegar al centenar el número de reclamaciones.

Agustín Sánchez de Vega ha dedicado su presentación a enseñar varios de los datos de la Memoria del Consejo Consultivo pertinente a 2021, en el que se difundieron 549 dictámenes y se resolvieron 207 elementos, de los que mucho más del 55 por ciento, o sea 302, se derivaron de consultas efectuadas por gestiones locales, al tiempo que cerca del 45 por ciento de la Junta, cien ellos a Sanidad. Asimismo, ha brindado ciertos datos sobre la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarcyl), que en 2021 resolvió 207 elementos, el 66,51 por ciento (145) liderados en frente de contratos de servicios, seguidos de contratos de recursos.

No obstante, una gran parte de la intervención del presidente del Consejo Consultivo fué apuntada a argumentar la labora de la institución propia y proteger su necesidad y vida, algo que ha contado con el respaldo de todos y cada uno de los conjuntos por norma general, al tiempo que Vox no lo hizo explícitamente y, si bien ha solicitado eficacia y ha reconocido su labor, ha enmarcado las inquietudes sobre su vida y herramienta en la crítica extendida al Estado de las Autonomías que expone su capacitación política.

Sánchez de Vega, quien se mostró satisfecho con el trabajo efectuado, ha señalado que tienen un "horizonte de optimización" y puso de manifiesto el déficit de letrados que tienen.

Por otra parte, ha apuntado que es requisito entender los consejos consultivos en hondura para "apreciar su herramienta" y ha señalado la tarea de control y garantía de legalidad que ejercitan, asimismo el Tarcyl, algo que es un servicio tanto a los ciudadanos como más que nada a las gestiones mucho más próximas a ellos, los municipios y las entidades locales, dada la "situación" de Castilla y León y ha aclarado que su tarea no se solapa con el Consejo de Estado.

En esta línea, ha incidido en que no es solo órgano de consejos sino ejercita un control jurídico de todas y cada una de las gestiones de la Comunidad, tras lo que ha recordado que en los 20 años de su vida emitió 16.000 dictámenes y el Tarcyl, en los últimos diez --desde el instante en que se aceptó por el Consultivo, mucho más de 1.000 resoluciones por valor 9.200 millones.

Sánchez de Vega explicó que varios de los temas afectan en lo personal a los castellanoleoneses, a través dictámenes sobre compromiso familiar impulsados por la reclamación de ciudadanos frente a la administración en los que en ocasiones están "en juego" los derechos de la gente y ha defendido su "independencia", velocidad, calidad y nulo coste, aparte del carácter precautorio pues sus resoluciones están orientadas a salvaguardar interés público.

Además, ha apuntado que la cercanía y la sencillez de ingreso hay que a las cuantías mínimas para lograr eludir la vía judicial y asistir al Consultivo en frente de los de otras comunidades, lo que estimula la protección de los derechos de los ciudadanos.

En este marco, todos y cada uno de los conjuntos políticos han señalado el trabajo que efectúan el Consejo Consultivo y el Tarcyl en una línea afín, si bien el representante de Vox, Carlos Menéndez, puso el acento en la necesidad de que la institución propia vaya a través de la "buena administración y empleo de elementos públicos" y, si bien explicó que "en ningún instante" discute el origen del Consejo, la interpretación es que es "consecuencia del sistema" de hoy, el autonómico.

A este respecto, ha apuntado que es la crítica que su capacitación política hace, que es "edificante", y la aspiración es mudar las cosas "en el marco de la Constitución" que desean reformar, si bien en este momento no tengan el acompañamiento mayoritario de los ciudadanos.

De este modo, ha aclarado que no niegan su legitimidad y origen y "francamente" ha reconocido el trabajo que realiza el Consejo en su tarea, si bien ha recordado que comunidades como Madrid y Extremadura se ha aprobado su supresión y en Andalucía el acuerdo de gobierno entre PP y Vox contempla llevarlo a cabo. Además, ha aclarado que estimar reformar la Constitución no significa ser "antisistema" o "anticonstitucionales".

Menéndez se expresó de este modo una vez que portavoces de otros conjuntos como el del Mixto, Francisco Igea, hayan complacido que el presidente del Consultivo explicara la herramienta de esta institución y expresó que espera que "despeje" las inquietudes a quienes llegaron a la política de la Comunidad con "entendimientos rudos" sobre el Estado de Derecho y ha criticado a quienes fomentan su supresión llamándoles "puestos" --en referencia a Vox--, quienes "espera que se iluminen" para descartar esas situaciones.

Exactamente en su intervención, el procurador socialista Luis Briones expresó el acompañamiento incondicional al Consejo y su tarea en instantes "bien difíciles", más que nada "tras la entrada de la extrema derecha" que "cuestiona" la presencia y herramienta de ciertas instituciones propias.

Tras loar el trabajo que efectúa y su herramienta, Briones ha letrado por remarcar su autonomía y dependencia servible y aseguró que el PSOE va a "pelear", para lo que ha tendido la mano al PP, a fin de que no únicamente esta institución "primordial" se quede fuera de la austeridad sino más bien a fin de que se apueste por las instituciones propias y queden fuera de los recortes, algo que les preocupa "mucho".

Por su lado, el procurador 'habitual' José Luis Sanz, quien ha complacido el tono a Vox y ha defendido que alguno logre expresar sus críticas, ha aclarado que en el pacto suscrito "para nada" hay planteo de reforma de Estatuto de Autonomía que requeriría la suspensión del Consejo y ha apuntado que, para su Grupo, el principio de eficacia no incluye al Consultivo por el hecho de que por las cantidades han acreditado su "efectividad", "eficacia" y "austeridad", todo cuanto precisa la administración.

Por otra parte, ha señalado que distribuyen la preocupación sobre el "ingente" número de reclamaciones que se aproximan a consecuencia de la COVID tras la declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma, la precipitación del Gobierno central y visto que dejase a cargo de las comunidades la toma de resoluciones por la sepa de regulación, lo que provocó una "pluralidad" de ocasiones y que el Gobierno tuviese que ir "a tientas".

Asimismo el procurador de Soria Ya José Ángel Ceña ha señalado la relevancia de una institución que ejercita el "preciso" control y garantía de la Administración, tras lo quien ha señalado el informe efectuado en 2020 sobre el encontronazo demográfico en la Comunidad, que ha solicitado que todos y cada uno de los procuradores conozcan por el hecho de que en ocasiones se dan críticas "poco fundadas".

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