VALLADOLID, 16 Sep.

El especial estado de salud del empresario funerario Ignacio Morchón Alonso ha impedido este viernes su nuevo interrogatorio, en calidad de investigado, en el contexto de las diligencias que se prosiguen en el Juzgado de Instrucción número 6 con ocasión del supuesto 'cambiazo' de ataúdes por otros mucho más económicos registrado en el Grupo Funerario El Salvador en el intérvalo de tiempo 1995-2015 que afectaría a cerca de 6.000 enterramientos.

Se encontraba pensado que el patriarca de los Morchón, exactamente la misma su mujer y tres hijos, volviesen a prestar declaración en sede judicial durante la mañana pero en el final solo han cumplimentado dicho trámite los 4 últimos, una vez que el letrado del empresario alegara la imposibilidad física de comparecer de su patrocinado.

Frente ello, la juez instructora, según detallaron a Europa Press fuentes jurídicas, ha acordado suspender la testifical de Ignacio Morchón Alonso y conseguir un informe médico-forense sobre su estado mental, de cuyo resultado va a depender si por último el magnate del féretro puede ser o no interrogado en su hogar.

Los que sí han comparecido y proclamado, si bien solo a cuestiones de sus propios letrados, fueron la mujer del industrial, María del Rosario V.L, y sus hijos Ignacio, María del Rosario y Laura M.V, con la peculiaridad de que el primogénito y el día de hoy gerente del conjunto ha apuntado que el negocio lo controlaba y dirigía su padre, no solo hasta su jubilación en 2010, sino más bien aun de hecho hasta 2019, en el momento en que el declarante pasó a encargarse de la gerencia.

La madre, a pesar de que figuraba como administradora en 2 compañías, ha negado cualquier vinculación con actividad empresarial y se definió como "ama de su casa", al tiempo que su hija mayor, María del Rosario, ha aducido que su cometido se circunscribía a la facturación y la menor, Laura, diplomada en periodismo, a las relaciones con los medios.

Respecto de los mucho más de 90.000 euros en metálico que la policía halló en la vivienda del magnate del ataúd, sus familiares afirman que hablamos de un dinero justificado y coinciden en que el dinero se encontraba en el inmueble, en vez de en la caja de un banco, ya que Ignacio Morchón Alonso era un hombre "chapado a la vieja".

Las diligencias del caso tienen su origen en 2017 pero tuvieron como instante de 'explotación' policial en el primer mes del año de 2019, en el contexto de la 'Operación Ignis' que inspecciona el supuesto 'cambiazo' de ataúdes por otros mucho más económicos entre 1995 y 2015 a lo largo del desarrollo de cremación.

Meses atrás, un informe elaborado por Policía Nacional en Valladolid, desde el análisis de veinta dietarios ocupados en el Cementerio Parque El Salvador, mantenía que hubo actuación delictiva por la parte de los causantes y trabajadores del mismo al llevar a cabo opinar a los familiares de los muertos que éstos eran calcinados en el tanatorio de la ciudad más importante, en el momento en que de todos modos se realizaba en instalaciones de Santovenia, una vez efectuada la presunta 'sustracción' de ataúdes.

El informe entregado en el Juzgado de Instrucción número 6 se enmarca en las pesquisas llevadas a cabo por el Grupo UDEV-I de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Valladolid en el ambiente del conjunto empresarial El Salvador, por las que la juez titular sostiene en calidad de investigadas a 25 personas, entre ellas integrantes de la familia Morchón, titular del negocio.

Los peritos han analizado un total de 22 dietarios--desde 1997 a 2019, más allá de que falta el de 2017--con motivo de los registros llevados a cabo en múltiples de las instalaciones del mencionado conjunto empresarial el 31 de enero de 2019, fecha de 'explotación' de la llamada 'Operación Ignis'. La documentación se intervino en dependencias del Cementerio Parque El Salvador, en Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

La veintena de dietarios fué además de esto cotejada con las 26 libretas intervenidas al extrabajador Justo M.G, cuyas manifestaciones destaparon el supuesto escándalo registrado entre los años 1995 y 2015 en el conjunto funerario, periodo de tiempo en el que, presuntamente, se dio el 'cambiazo' a ataúdes de alta definición por otros considerablemente más económico antes del desarrollo crematorio.

Sobre esto, la policía comprobaba que las afirmaciones del extrabajador, quien reconoció que habitualmente las incineraciones no se efectuaban en el Tanatorio El Salvador sino más bien en el cementerio, "patentizan que los datos aportados por éste se ajustan a la verdad", y esto más allá de que la defensa de los investigados haya puesto en lona de juicio la certeza de sus declaraciones y también incriminaciones y enmarque todo en un intento de expoliar a la familia Morchón.