La fiscal del caso ha mantenido su petición de seis años de cárcel, la pena máxima

VALLADOLID, 21 Oct.

El fontanero enjuiciado por cobrar casi 80.000 euros a una anciana de 76 años por la reparación de su termo, alegando presuntamente la vulnerabilidad de la víctima por su deterioro cognitivo, ha afirmado ser "inocente" y haber realizado el trabajo de forma gratuita, ya que estaba cubierto por la entidad pública Aquavall, donde trabaja.

El acusado, quien cuenta con una condena anterior de seis meses de prisión por estafa, admitió haber ido al domicilio de la anciana, María Rosa G.J, ubicado en la calle Nicolás Salmerón, para arreglar el termo en junio de 2022 y cambiar el contador sin recibir dinero a cambio, ya que según él, es un trabajo financiado por Aguas de Valladolid.

Sin embargo, la versión del acusado difiere claramente de la presentada por la denunciante, quien durante el juicio realizado este lunes en la Audiencia de Valladolid, relató que después de la primera visita del fontanero en el verano de 2022, en la que no se solucionó el problema, recibió múltiples llamadas del acusado entre agosto de ese año y enero de 2023, solicitando diferentes sumas de dinero - 500, 800, 1.000 euros - para comprar piezas con las que reparar el termo.

María Rosa, en sus declaraciones a Europa Press, mencionó que en ocasiones el fontanero acudía a su piso y se iba luego de recibir el dinero, mientras que en otras ocasiones lo acompañaba al banco para realizar extracciones, dejando su cuenta bancaria con un saldo de poco más de 108 euros después de pagar un total de 79.692 euros por la reparación del termo.

La sobrina de María Rosa, quien la acompañó a presentar la denuncia, comentó que al enterarse de la situación quedó sorprendida y culpó al acusado por dejar a la mujer sin recursos, al punto de no poder costear un abogado para representarla en el caso. "¡Ha pagado casi lo de un piso por un termo que cuesta 400 euros!", expresó la sobrina.

A pesar de la solicitud de absolución por parte del abogado del fontanero debido a la falta de testigos y la posibilidad de que las extracciones fueran realizadas por la sobrina autorizada, la fiscal del caso pidió la pena máxima de seis años de cárcel, una multa de 3.600 euros y la devolución del dinero estafado al considerar probada la autoría de un delito continuado de estafa agravada por la cuantía y la situación financiera en la que dejó a la víctima.

Entre las pruebas presentadas, la fiscal destacó las anotaciones manuscritas realizadas por la víctima y la coincidencia entre las extracciones bancarias y las llamadas del fontanero, verificadas por la Policía durante la investigación.