VALLADOLID, 15 Jun.

El número de actas de transparencia y préstamos hipotecarios tanto en el grupo de España como en Castilla y León se ha estabilizado en los primeros meses del año tras el destacable aumento que experimentó entre marzo y julio de 2021, como producto de la restauración del mercado después de los meses "mucho más duros" de la pandemia COVID-19.

Así lo comprueban los datos que del Consejo General del Notariado en el tercer aniversario de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), que entró en vigor el 16 de junio de 2019, según reportan mediante un aviso remitido a Europa Press.

En el segundo semestre de 2021 las actas nacieron en toda España el 14,5 por ciento respecto al mismo intérvalo de tiempo de 2020, al tiempo que a lo largo de los 4 primeros meses de 2022 se sostienen en escenarios afines a 2021.

Mediante estas actas, gratis, los notarios comprueban que las entidades financieras han entregado a los usuarios toda la documentación de los préstamos con bastante antelación, tal como que la información facilitada se corresponde con el género de préstamo acordado por las partes.

Esto representa un señalado avance en seguridad jurídica y trasparencia, así como apunta el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, quien asegura que la puesta en marcha de esta ley supuso un "esencial refuerzo" de los derechos y garantías del cliente. "Permitió la libre decisión del notario y la opción de poder reunirse con él en solitario, y sin ningún género de coste añadido, para preguntar las probables inquietudes que logren aparecer antes de la autorización y firma del préstamo hipotecario", ha añadido.

Desde el 16 de junio de 2019 al 30 de abril de 2022, los notarios han autorizado 1.162.332 actas de transparencia, en frente de 1.023.456 préstamos hipotecarios, dentro novaciones, subrogaciones y ampliaciones de hipotecas. Esto piensa que se han formalizado 1,161 actas de transparencia por cada hipoteca en todos y cada uno de los meses de app de la ley, excluyendo el de su entrada en vigor.

La diferencia entre un apunte y otro puede deberse a múltiples causas como que el notario autorizó un acta efectiva, pero por último no llegó a formalizarse el préstamo hipotecario, enseña. También que el notario autorizó un acta efectiva, pero la oferta vinculante de la entidad bancaria (FEIN) caducó sin que la entidad hubiera remitido al notario un archivo de prórroga de su vigencia o que el notario autorizó un acta negativa, por poner un ejemplo, pues el cliente creía que la oferta no reflejaba precisamente lo negociado con la entidad.

Así, los notarios autorizaron un total de 472.883 actas en el año 2021, cifra relevantemente mayor a las 353.789 efectuadas en 2020. Destaca en especial el aumento interanual entre marzo y julio de 2021, derivado más que nada de la comparativa con los meses de confinamiento en 2020 y del comienzo de la vuelta a la "normalidad" un año tras el estallido de la pandemia.

El accionar de los préstamos hipotecarios fué afín, con un incremento en 2021 en relación de 2020 (403.643 préstamos en frente de 300.881) y una estabilización en 2022. En esta situación, no obstante, sí se registró un aumento del 2,2% a lo largo del primer cuatrimestre de 2022 respecto al mismo periodo de tiempo de 2021.

La evolución de actas y préstamos hipotecarios en Castilla y León exhibe un accionar similar al nacional. Desde junio de 2019 se autorizaron en las apreciarías de la red social autónoma 34.723 actas: 9.557 entre julio de 2019 y abril de 2020, 12.452 en exactamente el mismo periodo del año siguiente y 12.714 entre julio de 2021 y abril de 2022.

En cuanto a los préstamos hipotecarios, se comprueba una situación afín, con un total de 29.652 contabilizados desde julio de 2019: 7.940, diez.533 y 11.179, respectivamente, en los periodos interanuales antes señalados.

Aunque todas y cada una de las comunidades autónomas el número de préstamos hipotecarios creció mucho más que el número de actas, en solo 5 comunidades autónomas la diferencia entre unos y otras fué mayor a 3 puntos porcentuales: Islas Canarias, 4,1; Castilla y León, 4,0; Islas Baleares, 3,7; Comunidad Valenciana, 3,7; y Asturias, 3,2, concluye el comunicado.