El pasado 10 de diciembre, el Grupo Popular logró aprobar una Proposición No de Ley (PNL) que, con el apoyo de Vox y dos procuradores independientes, solicita a la Junta que presione al Gobierno Central para la derogación de la Ley de Vivienda de 2023. Según el PP, esta normativa ha generado una notable inseguridad jurídica, ha encarecido el alquiler y ha llevado a una intervención del mercado que perjudica a propietarios y arrendatarios.

María de las Mercedes Cófreces Martín, procuradora del PP, advirtió sobre la alarmante escasez de viviendas en el mercado y el aumento constante de los precios. Calificó como "errática" la política del Gobierno español en este ámbito, argumentando que se trata de una legislación "ideológica" que favorece a los ocupas en detrimento de los dueños legítimos de la propiedad.

Desde Vox, aunque se apoyó la propuesta del PP, Miguel Suárez Arca expresó que consideraban que esta se queda corta y no aborda de manera suficiente el problema de la inmigración masiva que, a su juicio, agrava la crisis habitacional. Propuso una enmienda adicional que no fue aceptada y pidió que se solucionara la inseguridad jurídica causada por la ley actual, la cual calificó de "gravemente dañina".

Suárez Arca también discrepó del enfoque de la PNL en cuanto al respeto de las competencias autonómicas, insistiendo en que la problemática de la vivienda debe ser abordada a nivel nacional. Sin embargo, su grupo optó por apoyar la PNL debido a que el PP rechazó el voto por separado, como lo solicitaron otros partidos que se abstuvieron.

La PNL incluye la intención de llevar a cabo reformas legislativas para combatir la ocupación ilegal y permitir la expulsión rápida de quienes ocupan viviendas de forma ilegítima, además de establecer medidas para facilitar el acceso a suelo urbanizable y reducir la carga fiscal sobre la propiedad.

Sin embargo, representantes de las fuerzas opositoras recordaron que la competencia en materia de vivienda recae exclusivamente en las comunidades autónomas, tal como lo establece el Estatuto de Autonomía. Pedro González, del PSOE, subrayó que la Junta tiene la responsabilidad de legislar sobre estas cuestiones y criticó que Castilla y León se encuentre entre las regiones con menos avances en la construcción de viviendas protegidas en los últimos años.

Por otro lado, Pablo Fernández, de Unidas-Podemos, también rechazó la PNL del PP, abogando por medidas drásticas que ataquen de raíz la especulación inmobiliaria. Fernández insistió en que es crítico prohibir la compra de propiedades destinadas a inversión y priorizar las necesidades habitacionales de la población.

Alicia Gallego, procuradora de UPL, cuestionó la verdadera intención del PP con la PNL, sugiriendo que buscaba consolidar el liderazgo de su partido a nivel nacional en vez de facilitar soluciones reales a la crisis de vivienda. También instó a la Junta a proporcionar mayor autonomía a los entes locales en la gestión del suelo urbanizado.

Finalmente, Francisco Igea, del Grupo Mixto, hizo un llamado a construir vivienda pública y criticó al PP por el riesgo de adoptar discursos populistas que beneficiarían a Vox. La posición del PP y Vox se evidenció al rechazar otras iniciativas del PSOE que buscaban crear consorcios autonómicos para coordinar esfuerzos en la promoción de vivienda pública y mejorar el acceso al suelo.

El PSOE también propuso una Ley de Vivienda con garantías para asegurar el acceso a una vivienda digna y criticó la falta de acción de la Junta en este sentido, proponiendo un plan estatal que busque mejorar el acceso a la vivienda, especialmente en áreas afectadas por la despoblación.

Por su parte, Francisco Javier Carpio del PP, acusó al PSOE de utilizar la problemática de la vivienda como un recurso demagógico, mientras que otros procuradores de Vox calificaron las propuestas socialistas como burocráticas. Laura Pelegrina, en respuesta, defendió su postura, confiando en que las propuestas socialistas serán implementadas una vez que su partido gane las próximas elecciones.