El secretario general y letrado mayor de las Cortes de Castilla y León, Marcos Herrero, ha aclarado que su papel es estrictamente el de asesor, subrayando que las decisiones de relevancia corresponde a la Mesa de las Cortes, compuesta por procuradores del Partido Popular, PSOE y Vox. Herrero enfatiza que su función se limita a ofrecer asesoramiento, sin intervenir en las determinaciones finales que toman otros miembros de dicha mesa.

En su comparecencia ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, donde estuvo presente junto a su abogado, Herrero dedicó aproximadamente dos horas y media a explicar su posición y responder a las preguntas de todas las partes implicadas, incluidas las de la acusación particular. Durante su testimonio, que se llevó a cabo entre las 09:45 y las 12:15, reiteró que cada una de sus actuaciones se ajustó a la legalidad vigente y que no ha cometido ninguna irregularidad en el ejercicio de su cargo.

Aunque la denunciante le acusa de acoso, Herrero ha desmentido cualquier tipo de animadversión personal hacia ella. Reconoció haber tenido desacuerdos profesionales, especialmente cuando la funcionaria mostró su desacuerdo con la simultaneidad de su trabajo en las Cortes y su salario en el Ayuntamiento de Madrid. Este malentendido le llevó a devolver su remuneración correspondiente al Ayuntamiento por un breve periodo. Esta aclaración busca poner en contexto la relación laboral entre ambos, que ha sido objeto de controversia.

La raíz del conflicto surge, según la denuncia, después de que Herrero decidiera apartar a la funcionaria de su puesto como jefa del Servicio de Gestión Administrativa de las Cortes, donde había estado desde mayo de 2018. Esta decisión se notificó por teléfono durante el periodo vacacional de la trabajadora, según las fuentes legales, momento en el que también se le restringieron los accesos a herramientas y permisos digitales necesarios para su trabajo.

Desde ese incidente, la denunciante sostiene que las actuaciones de Herrero han tenido un carácter deliberadamente hostil, argumentando que su objetivo ha sido menoscabar su dignidad laboral y su carrera profesional. Según su versión, se le ha intentado relegar a un puesto sin funciones significativas, por debajo de sus colegas en términos de salario y responsabilidades, creando un entorno de trabajo que le impida prosperar en su carrera administrativa.

Además, la denuncia sostiene que se intentó obstaculizar su acceso a posiciones relacionadas con la gestión administrativa y la contratación pública, a través de cambios en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y convocatorias que excluían su participación, las cuales califica de represalias injustas.

La funcionaria, tras ser desvinculada de su cargo, impugnó su revocación y obtuvo éxito en su reclamación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anuló la decisión de Herrero. La sentencia, emitida el 22 de abril de 2024, indicó que la revocación no solo fue procedimentalmente incorrecta, sino que afectó gravemente a los derechos de la funcionaria, en relación a la forma en que se llevó a cabo.

El tribunal también abordó una modificación al requisito de experiencia para una conversión de plaza, que fue también anulada en una resolución posterior el 20 de julio de 2023, indicando que dicha modificación era injusta y discriminatoria hacia la denunciante.

La funcionaria amplió su denuncia argumentando que la situación era conocida por los altos mandos de la institución, incluido el presidente de las Cortes y la Junta de Personal. Según sus afirmaciones, se solicitaron medidas para frenar las presuntas actuaciones de acoso, así como responsabilidades respecto a las decisiones de Herrero.

Sin embargo, la Junta de Personal emitió un informe de 44 páginas, en el que afirmaba no tener conocimiento de ningún comportamiento que pudiera considerarse acoso laboral en el entorno de trabajo de la Cámara. Aseguraron que los hechos planteados no se ajustan a la descripción de acoso, y señalaron que la denunciante no había previamente comunicado discordias o tensiones interpersonales en su ámbito laboral que pudieran sugerir un patrón de abuso sistemático.