VALLADOLID, 11 de noviembre. Este jueves, 14 de noviembre, el secretario general y letrado mayor de las Cortes de Castilla y León, Marcos H. M-T, comparecerá ante un tribunal como investigado por la supuesta comisión de un delito de acoso laboral contra una funcionaria. Esta funcionaria fue jefa del Servicio de Gestión Administrativa hasta que fue retirada de su puesto en mayo de 2022. Desde entonces, ha afirmado que las acciones en su contra han estado orientadas a su humillación y a mantenerla en un aislamiento laboral grave.

La denuncia, presentada ante la Fiscalía de Valladolid, proviene de la funcionaria, quien se encuentra de baja laboral por problemas psicológicos, supuestamente causados por estas acciones. La máxima responsable de la oficina, Soledad Martín Nájera, ha decidido remitir el caso a un juzgado de instrucción para que se investigue si realmente existen elementos constitutivos de un delito de acoso laboral dentro del ámbito de la función pública, según han indicado fuentes jurídicas a Europa Press.

Después de la distribución del caso, este ha sido asignado al Juzgado de Instrucción número 4, que ha decidido que la declaración del investigado se lleve a cabo el mismo día, 14 de noviembre. Esto marca un paso importante en el proceso judicial que se está llevando a cabo en esta controversia.

La funcionaria en cuestión asumió el cargo de jefa del Servicio de Gestión Administrativa tras ser nombrada el 21 de mayo de 2018 por la Secretaría General de las Cortes. Desempeñó sus funciones, que englobaban contratos, gestión de personal y actividades de formación, hasta mayo de 2022, cuando su adscripción provisional fue revocada. Este cambio se comunicó de manera telefónica por parte de Marcos H. M-T, justo cuando ella se encontraba de vacaciones, circunstancia que, según su denuncia, ha sido solo el comienzo de un proceso de hostigamiento.

Desde el momento en que se revocó su cargo, la denunciante afirma que las acciones del secretario general han estado dirigidas a desprestigiarla y a aislarla tanto a nivel laboral como social. Ella sostiene que se ha hecho un esfuerzo deliberado para marginarla en su carrera profesional, impidiéndole acceder a cualquier puesto en las Cortes de Castilla y León que tenga responsabilidad administrativa o económica, y mucho menos a un puesto que estuviera a la altura de sus capacidades y experiencia.

La denuncia alega que, por medio de maniobras administrativas, se han modificado las condiciones laborales y se han creado convocatorias que excluyen a la funcionaria de la oportunidad de participar en ellas, lo que ella considera una represalia directa a su situación actual. Este entorno de hostilidad se agrava por la falta de protocolos claros dentro de las Cortes de Castilla y León, que no cuentan con mecanismos adecuados para tratar denuncias de acoso laboral. Esto ha llevado a que la denunciante se sienta desprotegida y sin recursos para hacer frente a la situación.

En respuesta a las acusaciones, el secretario general ha negado enérgicamente cualquier implicación en la denuncia, asegurando que se defenderá adecuadamente en el tribunal. “Niegan tajantemente las acusaciones; el asunto está judicializado y defenderé mis derechos cuando corresponda en este proceso”, declaró Marcos H. M-T a Europa Press.

La denunciante, por su parte, ya había apelado anteriormente contra la revocación de su puesto, y en abril de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó una sentencia que anulaba dicha decisión, considerándola ilegal y en contra de sus derechos laborales. Esta acción abordó además cómo la revocación no se llevó a cabo de manera competente y carecía de las motivaciones necesarias.

Asimismo, el tribunal también invalidó la creación de un requisito que pedía dos años de experiencia en la Cámara para que la funcionaria pudiera acceder a un puesto en la Escala Económico-Financiera, lo que nuevamente fue señalado como una represalia por parte del órgano denunciado, vulnerando sus derechos de acceso a la función pública sin discriminación.

Finalmente, desde el equipo jurídico de la denunciante se ha enfatizado que la citación de Marcos H. M-T como investigado debería ser un asunto a considerar por la Mesa de las Cortes, dado que el Estatuto del Personal contempla la posibilidad de suspender provisionalmente a cualquier funcionario que enfrente un procedimiento judicial criminal, lo que añade una capa de complejidad a la ya contenciosa situación.