• domingo 25 de septiembre del 2022

El Tarcyl suspende cautelarmente el trámite del contrato del transporte sanitario

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VALLADOLID, 11 Ago.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl), ligado del Consejo Consultivo, ha estimado la petición de suspensión cautelar del trámite de adjudicación del contrato del servicio sanitario terrestre en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León formulada por la Confederación General del Trabajo (CGT)-Federación Local de Sindicatos de Valladolid.

La petición, en este momento estimada, pedía que se suspendiese el trámite de adjudicación temporalmente hasta la resolución del recurso planteado por esta organización relativo a los pliegos que deben regir la contratación del servicio sanitario terrestre en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

El sindicato recurrió esta licitación por estimar que los incrementos de plantilla que contenía el pliego resulta "deficiente" para lograr cumplir una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre horas plus, fundamento por el que CGT decidió denunciar asimismo el presente convenio colectivo del campo, conforme han explicado fuentes del mismo.

En su acuerdo, al que tuvo ingreso Europa Press, la entidad atrae la suspensión de la tramitación del expediente al amparo del producto 51.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.

El Tribunal ten en cuenta que la intención de la suspensión pedida sería, en su caso, asegurar la eficiencia de una resolución de carácter estimatorio y, en cualquier caso, que el fundamento de las medidas cautelares descansa en que permanezca una situación tutelable, tal como una fachada de buen derecho.

En el presente supuesto, el Tarcyl resalta que "una regla de prudencia recomienda que este Tribunal se pronuncie en pos de la suspensión del trámite", ya que la continuación del trámite generaría, de estimarse el recurso, un perjuicio no solo a las compañías recurrentes, sino más bien asimismo a los licitadores que hayan podido concurrir a la licitación, tal como al interés público, puesto que la estimación del recurso acarrearía la retroacción del trámite con la consiguiente dilación en la contratación en cuestión.

Además, el sindicato ha defendido la administración por la parte de la Administración de este sistema en vez de dejarlo en manos privadas, ya que a su juicio esto piensa "un derroche de dinero público" y un perjuicio en las condiciones laborales de sus trabajadores, con "recortes en sueldos y en seguridad y también higiene".

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