VALLADOLID, 13 Jun.

El testaferro u 'hombre de paja' del presunto cerebro de la estafa de jamones de la que fueron víctimas hace una década compañías de toda España ha acusado a este último, el empresario murciano José A.N, de emplear a toxicómanos, entre ellos nuestro declarante, a fin de que figuraran como gestores de sus compañías a fin de no figurar en los papeles ni firmar nada y de esta manera salir indemne de esa actividad delictiva.

Así lo mantuvo este lunes Diego L.G, la persona que, según ha confesado en el juicio iniciado en la Audiencia de Valladolid, no se pensó ni un segundo el ofrecimiento que José A.N. le logró en su día a fin de que desde el 19 de diciembre de 2011 figurase como gestor de Dismarianga SLU, con origen en la ciudad más importante, gracias a su grave adicción a la cocaína, exactamente la misma que le llevó a cumplir esenciales condenas por tráfico de drogas en múltiples países de Sudamérica.

Exactamente, llegado preso desde Argentina merced al desarrollo de extradición concedido, Diego L.G. ha pactado una importante rebaja en su condena, de cinco años y medio a solo un año y cinco meses por delito continuado de estafa, con las mitigantes de arrepentimiento, confesión y dilaciones incorrectas, en lugar de declarar contra su exjefe, José A.N, a quien ha atribuido la confección de la trama con la que logró estafar prácticamente quinientos mil de euros a diferentes distribuidores de mercancía, la mayor parte de artículos cárnicos.

"El señor José era el cerebro. Nunca firma nada, no deja huella, para eso tiene a otra gente, yo entre ellas. Soy culpable un par de veces, por imbécil, por haberme dejado mentir para estafar a gente honrada, y por caer en la sustancia", ha lamentado Diego L.G, quien, en afirmaciones agarradas por Europa Press, explicó que él no sabía nada de sociedades limitadas ni nada de compañías y que se limitaba a ir al notario para firmar y entrar en contacto con distribuidores, por indicación de su compañero de banquillo, con el único propósito de hacerse con un dinero para subvencionar su adicción.

Diego ha reiterado que el empresario murciano no solo le usó a él como mero instrumento sino más bien asimismo a otros toxicómanos. "Fuimos víctimas escogidas", ha censurado el acusado, quien el 13 de marzo de 2012 se presentó en la comisaría de la Policía Nacional en Murcia para denunciar los hechos y contar que los distribuidores no cesaban de llamarle para demandarle el pago de las mercancías. "El señor José es bien conocido en el planeta de la estafa, en verdad en el momento en que fui a denunciar la policía ahora tenía fotografías de él", ha recordado.

El presente desarrollo juicial ha atravesado varias vicisutes con apariencia de suspensiones y conformidades, puesto que otros 2 de los implicados, Antonio Mariano G.H. y José Javier C.G, ahora acordaron en su día sus respectivas condenas de un par de años de prisión, al tiempo que el hijo del primordial inculpado, Julián A.T, continúa en sitio desconocido.

Su progenitor, José A.N, mantuvo su inocencia y se ha desmarcado de las operaciones de compra de material de Dismarianga, una mercantil con la que, como de esta forma ha apuntado, jamás tuvo nada que ver, mientras que ha acusado a Diego L.G. de montar su "frecuente papel de drogodependiente".

El presunto cabecilla de la trama, quien se muestra a una condena de siete años de prisión, ha reconocido haber transferido a Diego diferentes compañías al transmitirle éste su intención de montar un lugar de comidas y especificó que la enemistad entre los dos brotó en el momento en que descubrió que una finca que le había alquilado a él y un colombiano la estaban usando los dos para temas de sustancia.

"Diego es un mentiroso compulsivo. El y su amigo estaban ocultando cocaína entre la escayola y el tejado de la vivienda que les había alquilado y de ahí que debí denunciarles frente a la Guardia Civil", ha sostenido José A.N. para argumentar el motivo de la animadversión hacia su persona por la parte de la primordial prueba cargo presentada en este momento en el juicio por la fiscal del caso.

La inculpadora sostiene que los acusados abonaban en un inicio los pedidos para de esta manera ganarse la seguridad de sus víctimas y a posteriori efectuaban pedidos considerablemente más copiosos y una vez recibida la mercancía simulaban el abono a través de pagarés los que, llegado su vencimiento, eran devueltos por los bancos por carecer de fondos.

A través de este trámite, durante 2011, hicieron varios pedidos de mercancía a compañías establecidas en diferentes puntos de España, desde Valladolid, Lugo, Leganés, Madrid, Barcelona, Guijuelo (Salamanca), Girona, Badajoz y Segovia, de las que consiguieron genero por importe global de 446.196 euros que no abonaron.