VALLADOLID, 26 de diciembre. La situación en las Cortes de Castilla y León se torna inquietante a medida que avanza la investigación relacionada con un presunto caso de acoso laboral. El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha decidido citar a declarar como testigos a los miembros de la Junta de Personal de la institución, a raíz de la denuncia presentada por una funcionaria contra Marcos Herrero, el actual secretario general y letrado mayor de las Cortes.

De acuerdo con la providencia que ha llegado a conocimiento de Europa Press a través de fuentes vinculadas al caso, la instructora ha programado la declaración de los testigos para el 5 de junio de 2025, día en el que la Junta de Personal, incluyendo su presidente, la secretaria y tres vocales, deberá comparecer en la Sala de Vistas número 6 del Edificio de los Juzgados. Las citaciones se han escalonado a diferentes horas, comenzando a las 09:30 y terminando a las 10:50.

En el informe de 44 páginas remitido a la mencionada Instrucción, los integrantes de la Junta de Personal declaran que no tienen conocimiento de ninguna actuación relacionada con el acoso laboral hacia la funcionaria. De hecho, afirman que los incidentes narrados por la denunciante no se pueden considerar como tales, agregando que esta supuesta víctima no ha reportado en sus comunicaciones laborales ningún episodio que sugeriría un patrón de abusos o conflictos interpersonales en el marco laboral.

Por su parte, Marcos Herrero ya se presentó ante la justicia el pasado 16 de diciembre para ofrecer su versión sobre los hechos que le acusan. En su declaración, negó tener alguna animadversión personal hacia la funcionaria y enfatizó que todas sus actuaciones y decisiones fueron llevadas a cabo en el marco de la legalidad, asegurando que no ha incurrido en conductas delictivas.

La denuncia contra Herrero fue presentada ante la Fiscalía de Valladolid por la funcionaria, quien se encuentra actualmente de baja psicológica, alegando que su malestar se origina tras ser apartada de su puesto de jefa del Servicio de Gestión Administrativa en mayo de 2022. Este puesto lo había ocupado desde su provisionalidad en mayo de 2018 y, según la denuncia, la revocación del cargo le fue comunicada por el investigado de manera telefónica mientras se encontraba de vacaciones, momento en el cual, alega, también fue despojada de varios accesos y permisos laborales.

Desde esa fecha, la denunciante sostiene que todas las acciones de Herrero han tenido el único propósito de menoscabar su dignidad, aislarla social y laboralmente, y obstaculizar su desarrollo profesional. Alega que se han implementado medidas que condicionan su acceso a puestos de relevancia en las Cortes, como aquellos relacionados con la gestión administrativa o la contratación pública, a través de modificaciones ilegítimas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

La funcionaria, en un intento por revertir esta situación, ya había recurrido a la justicia, logrando que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulara la revocación de su nombramiento, declarando que tal decisión fue tomada por un órgano incompetente y sin el debido proceso. Esta resolución, que data del 22 de abril de 2024, subraya que la actuación vulneró sus derechos a la dignidad personal y profesional.

Además, la modificación que estableció un requisito adicional de experiencia para convertir su puesto en Cuerpo Técnico de la Escala Económico-Financiera también fue anulada por el tribunal en sentencia del 20 de julio de 2023. La funcionaria ha añadido en una ampliación de su denuncia que estas situaciones eran de conocimiento del presidente de las Cortes, así como de la Mesa y la Junta de Personal, quienes recibieron comunicaciones tanto verbales como escritas sobre su situación.

Finalmente, la denunciante afirma que solicitó a la Junta de Personal que se tomaran medidas para frenar el presunto acoso, así como que se exigieran responsabilidades y se proporcionara información sobre las acciones del secretario general. Esta cadena de eventos pone de manifiesto la complejidad de la situación y las implicaciones que podría tener en la institución, donde la lucha por la defensa de los derechos laborales se encuentra en el centro del debate.