BURGOS, 14 Nov.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha decidido respaldar el comunicado emitido por las asociaciones judiciales en rechazo a las referencias al 'lawfare o judicialización de la política' y sus consecuencias derivadas del acuerdo entre el PSOE y Junts para facilitar la investidura.

El acuerdo alcanzado menciona la posibilidad de llevar a cabo comisiones de investigación parlamentarias para determinar si existe una judicialización de la política, lo cual podría resultar en acciones legales o cambios legislativos.

En la práctica, esto significaría que se someterían a revisión los procedimientos y decisiones judiciales, lo cual supone una intromisión en la independencia judicial y la separación de poderes.

El comunicado hace hincapié en que los jueces deben estar sujetos únicamente a la Ley, tal como lo establece el artículo 117.1 de la Constitución.

En conclusión, estas declaraciones, al reflejar cierta desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, son inaceptables. En España, el Poder Judicial es independiente, no se ve presionado por intereses políticos y cuenta con un sistema de garantías que elimina los riesgos mencionados.