Empleados de 'La Perla' debieron renunciar si no estaban de acuerdo con Villanueva

En la ciudad de Valladolid, las acusaciones de la Fiscalía, la Junta y el Partido Popular de Castilla y León continúan afirmando que la compra del Edificio de Soluciones Empresariales ('La Perla Negra') en Arroyo y la adquisición de parcelas en Portillo para desarrollar un polígono industrial fueron planificadas por altos cargos de la Junta en ese momento, Rafael Delgado, Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán, con el objetivo de favorecer a empresarios encausados.

La fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Ana Valle, ha expresado que los acusados podrían haber renunciado a seguir las órdenes del entonces consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, pero optaron por ejecutar las acciones que ahora se encuentran en juicio. Este lunes, comenzaron los informes finales en la Audiencia de Valladolid, donde se espera que el proceso se cierre y se dicte sentencia.

Según las acusaciones, Delgado, Hernández y Sacristán se coordinaron para beneficiar a las empresas de los empresarios encausados, como Urban Proyecta PM3, Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureba, a través de las operaciones cuestionadas. La fiscal ha destacado que hubo irregularidades en la compra de 'La Perla', como la falta de ahorros de costos, acceso previo a información privilegiada y falta de justificación en el proceso de contratación.

Las acusaciones señalan que se cometieron diversas irregularidades en la tramitación de los contratos, incluyendo el pago doble por obras, la ausencia de aprobaciones necesarias y la falta de transparencia en las operaciones efectuadas tanto en 'La Perla' como en Portillo.

Las acusaciones coinciden en que todas las acciones realizadas tuvieron como objetivo favorecer a las mercantiles de los empresarios encausados, aumentando el valor de los terrenos a costa del erario público y evitando los controles pertinentes en cada caso.

La fiscal ha acusado a Rafael Delgado de actuar en beneficio de una empresa de manera arbitraria y de malversar fondos públicos. Las acusaciones también han enfatizado la falta de transparencia en las decisiones tomadas y han rechazado que las operaciones en cuestión fueran decisiones políticas legítimas.

La fase de exposición de informes finales continuará con las defensas que solicitan la absolución y la imposición de costas al Partido Popular de Castilla y León, acusándolos de temeridad y mala fe. El proceso judicial está previsto que concluya con la sentencia después de la presentación de los argumentos de las defensas.