VALLADOLID, 11 de febrero.

En un fallo contundente, la Audiencia de Valladolid ha impuesto una pena de un año y medio de prisión al empresario rumano Vasile U, tras ser hallado culpable de violar derechos laborales. La sentencia se centra en el trato injusto que dio a un grupo de trabajadores extranjeros, a quienes contrató durante la recolección de patatas en la zona de Medina del Campo entre septiembre y octubre de 2020.

La resolución judicial, informada por Europa Press, también incluye una multa de 1.440 euros y la obligación de indemnizar con 500 euros a cada uno de los diez trabajadores afectados. La corte ha considerado que las pruebas presentadas muestran de manera clara que Vasile actuó como el verdadero responsable de la operación, utilizando a su hermana como intermediaria para ocultar su responsabilidad.

En su testimonio, los testigos confirmaron que Vasile U era el jefe de esta estructura laboral, quien estableció condiciones laborales altamente desfavorables. Este empresario aprovechó la situación de vulnerabilidad de los jornaleros, muchos de ellos provenientes de Colombia, Perú y Marruecos, que se trasladaron a Valladolid durante una época de crisis sanitaria global, haciéndolos creer que recibirían mejores condiciones de trabajo.

El fiscal del caso, que había solicitado una pena de cuatro años y una indemnización sustancial para los trabajadores, criticó severamente la conducta del condenado, subrayando que no sólo incumplió lo prometido, sino que también mostró una falta de humanidad en su trato hacia ellos, llegando a descalificarlos e incluso insultarlos. Según la acusación, Vasile manipuló la situación para evitar cualquier implicación legal, utilizando a su hermana como un escudo ante las autoridades.

Vasile U utilizó la ayuda de Ángel Q.T, otro sospechoso que se encuentra en paradero desconocido, para reclutar a los jornaleros. Les prometió salarios altos y un contrato formal, lo que les llevó a dejar atrás sus hogares en Alicante y Yecla, sólo para encontrarse con la dura realidad de condiciones laborales deplorables.

El fiscal también alegó que las condiciones precarias de alojamiento de los trabajadores, que incluían falta de calefacción y agua potable, eran inaceptables. Además, subrayó que únicamente algunos de los trabajadores estuvieron legalmente empleados durante un corto periodo de tiempo, lo que evidenciaba una grave violación de sus derechos laborales.

La situación se tornó crítica el 22 de octubre de 2020, cuando la Guardia Civil intervino tras una denuncia de los trabajadores por falta de pago. Vasile se presentó haciendo caso omiso de la situación y negando su relación con los jornaleros, actitud que, según el fiscal, profundizó la indignación de los afectados.

En cambio, la defensa del empresario ha abogado por su absolución, buscando desligarlo de toda responsabilidad. Vasile afirmó que su hermana era quien gestionaba las contrataciones, intentado desvincularse del manejo administrativo y de las condiciones ofrecidas a los jornaleros.

Durante la defensa, se enfatizó que las acusaciones del fiscal carecían de fundamento y que no existía evidencia clara de la violencia que se alegaba. La defensa argumentó que nunca participó en las negociaciones iniciales y que tan solo actuaba como intermediario en la operación agrícola.

Ante estas circunstancias, se solicitó al tribunal que considerara la larga duración del proceso y que se aplicaran atenuantes en caso de que se decidiera una condena. La expectativa ahora recae en cómo se resolverán las alegaciones presentadas y qué medidas se tomarán para garantizar que sucedan justicia en el futuro.