SALAMANCA, 9 Mar.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca ha acordado, de conformidad con el método de la Fiscalía, la independencia de la encargada de una vivienda de Salamanca que había sido detenida antes por explotar en teoría a los trabajadores.

En lo que se refiere a la segunda persona detenida por estos sucesos, "no llegó a pasar predisposición judicial en tanto que fue puesta en independencia por nuestro cuerpo policial que la detuvo", apuntaron fuentes judiciales por una causa que sigue abierta por un viable delito contra los derechos de los trabajadores.

Según informó antes desde la Comisaría Provincial, agentes de la Policía Nacional detuvieron a 2 mujeres, causantes de una vivienda de mayores en Salamanca, que explotaba laboralmente a trabajadoras de la limpieza, que captaban en Perú y que sostenían "en condiciones de trabajo exageradas y en semiesclavitud", con condiciones de vida "infrahumanas" y "controlando sus condiciones de vida con independencia limitada".

Así como apuntado desde el Cuerpo Nacional de Policía, en información obtenida por Europa Press, la investigación empezó en el momento en que los agentes tuvieron conocimiento de la supuesta actividad delictiva que hacía una empresaria, dueña de una vivienda de mayores.

La investigación desveló que, utilizando los convenios que ya están entre España y Perú "y bajo el aspecto de legalidad", la red ofrecía precontratos a personas atacables y en situación de necesidad en origen.

Por medio de una captadora habitante en Lima, que aprovechaba la llegada de mujeres a congregaciones religiosas de Perú pidiendo asistencia, la red les pagaba el billete de avión y los costos de viaje con destino a España, específicamente a Salamanca, donde les ofrecía "un trabajo legal y retribuido en limpieza", pero una vez en él "eran explotadas laboralmente", apuntaron desde la investigación.

Las víctimas, una vez llegaban a Salamanca, eran situadas en una residencia de jubilados y obligadas a trabajar en tareas de limpieza "en condiciones de semiesclavitud" y a vivir en la vivienda "ejercitando un control de su independencia de movimiento".

Además de esto, "como resultado del traslado a España", las víctimas producían "una deuda", la que "se iba acrecentando fruto de los costos generados por su hosting y conservación en nuestra vivienda".

De esta manera, eran obligadas a trabajar "en condiciones de explotación, sin remuneración o con una remuneración insignificante" para "abonar la deuda contraída".

Trabajaban "todos y cada uno de los días de la semana y todas y cada una de las horas del día", y eran controladas en su tiempo de reposo y sometidas a "humillaciones" y "menosprecios permanentes", según la investigación.

La explotación de la investigación sucedió en la mañana del pasado 7 de marzo y la operación prosigue abierta con la intención de encontrar mucho más víctimas, además de esto la Policía Nacional no desecha novedosas detenciones.