Exconcejal de Ponferrada enfrenta juicio tras presunta tentativa de homicidio hacia su esposa desde el balcón.

Exconcejal de Ponferrada enfrenta juicio tras presunta tentativa de homicidio hacia su esposa desde el balcón.

La Fiscalía solicita una condena global de más de 18 años de cárcel por distintos delitos, entre ellos lesiones agravadas.

LEÓN, 5 Dic.

Desde el próximo lunes, 11 de diciembre, el exconcejal en el Ayuntamiento de Ponferrada Pedro Muñoz enfrentará juicio en la Audiencia de León. Muñoz ha permanecido en prisión provisional durante dos años por violencia de género, tras causar graves lesiones a su esposa al arrojarla, presuntamente, desde el balcón de su casa.

La vista judicial será llevada a cabo por la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia de León, a través de cinco sesiones que se iniciarán el lunes y se espera que concluyan el día 21 de diciembre, según informa el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Pedro Muñoz ingresó en prisión provisional después de haber sido acusado de agredir a su esposa, Raquel Díaz, quien era su compañera de partido en ese entonces. Se alega que la empujó al vacío desde la terraza de su vivienda, lo cual la dejó parapléjica debido a las graves lesiones sufridas.

A pesar de que el político llamó al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León para solicitar asistencia sanitaria, la acusación pública no le imputa por delito de intento de homicidio.

El Ministerio Fiscal, en su escrito de calificación provisional, solicita una condena global de dieciocho años y nueve meses de cárcel para el exedil de Coalición por El Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada. Los delitos por los que se le acusa incluyen violencia habitual, maltrato en el ámbito familiar, injurias, amenazas y las más graves, lesiones agravadas.

Junto a la pena privativa de libertad, la Fiscalía también solicita la prohibición de que el acusado se acerque a la víctima o se comunique con ella de cualquier manera durante 42 años y medio. Además, pide que se le prohíba tener armas durante 16 años y que se le imponga una indemnización de más de un millón de euros para su ya exesposa. También se le solicita el pago de las costas del proceso judicial y de cantidades a las instituciones sanitarias que asistieron a la víctima, siendo 74.000 euros para el Sacyl y 48.000 euros para el Hospital de parapléjicos de Toledo.

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