La Audiencia de Valladolid ha impuesto una condena de dos años y tres meses de cárcel a la exconcejal de Festejos de Bobadilla del Campo, Inés María F.S, por apropiarse del dinero que una amiga íntima había ingresado en su cuenta bancaria. La condenada creía erróneamente que la cuenta pertenecía a la Agencia Estatal Tributaria y que al recibir el dinero, estaría liberando de cargas el piso que pretendía vender.

El proceso judicial ha sido muy embarazoso, con cuatro suspensiones de juicio y una falsa rotura de aguas de la condenada, quien estaba embarazada de más de siete meses. Estos intentos de demorar el inevitable veredicto han llegado a su fin con la sentencia de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial.

El tribunal considera probados los delitos de estafa agravada y falsedad en documento oficial por parte de la acusada, debido a la confianza íntima que existía entre ella y la víctima. Tanto el fiscal como la acusación particular habían solicitado penas de cinco y seis años, respectivamente. Finalmente, la sentencia incluye una condena de dos años y tres meses de prisión y una multa de seis meses.

Durante el juicio, la exconcejal reconoció la amistad con la víctima y explicó que actuó como intermediaria entre su amiga y un inspector de Hacienda. Sin embargo, las víctimas acusaron a Inés María de hacerles creer que era funcionaria de Hacienda para apropiarse de los pagos que realizaron en su cuenta.

Inicialmente, el fiscal solicitaba una condena de tres años y medio, pero posteriormente elevó la petición a cinco años y medio tras escuchar el testimonio de trabajadoras del Registro de la Propiedad y de una notaría, quienes confirmaron que el documento presentado por la acusada era falso y podía inducir a error a personas sin conocimientos en la materia.

La acusación particular también pidió compensación económica por los daños morales sufridos, además de los más de 10.000 euros estafados. Por su parte, la defensa de Inés María F.S solicitó la absolución, alegando falta de pruebas suficientes y basándose en el principio de presunción de inocencia.

Esta condena se suma a otros procesos penales en los que se encuentra involucrada la exconcejal, por estafa y falso testimonio.